La Reforma Previsional impulsada en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo judicial luego de que un estudio jurídico presentara una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para solicitar la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto hasta la realización de una consulta popular.
La Reforma Previsional que actualmente se encuentra bajo análisis en la Legislatura entrerriana quedó en el centro de una presentación judicial impulsada por el Estudio Jurídico Giampaolo & Asociados, de Concordia. La acción fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el objetivo de que se suspenda el tratamiento parlamentario de la iniciativa hasta que la ciudadanía pueda expresarse mediante una consulta popular.
La presentación fue realizada en representación y acompañamiento de referentes sociales, jubilados, pensionados, dirigentes gremiales y militantes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Concordia, Paraná, Victoria, Villaguay y Gualeguaychú, publicó R2820.
Según se informó, la acción judicial se promovió en el marco de las facultades que reconoce la Constitución de Entre Ríos para aquellos casos colectivos de relevante incidencia institucional, situación que habilitaría la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia para intervenir en el planteo.
Argumentos contra el avance del proyecto
Desde la presentación sostienen que cualquier modificación vinculada a derechos sociales debe analizarse bajo los principios establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina. En ese sentido, remarcan que dichos instrumentos contemplan la prohibición de adoptar medidas regresivas en materia de derechos sociales, previsionales, sanitarios y de seguridad social, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
A través de la medida cautelar, los impulsores del planteo solicitaron que se disponga la suspensión provisoria del tratamiento legislativo del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y que, antes de cualquier avance parlamentario, se convoque a una consulta popular y pública.
La petición se fundamenta en que la iniciativa excede una simple modificación administrativa o una reorganización estatal. Según argumentan, el proyecto introduce cambios sustanciales en derechos previsionales, condiciones de acceso a la jubilación, montos de aportes y aspectos que impactan directamente sobre miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados de toda la provincia.
Preocupación por posibles litigios y reclamo de participación ciudadana
Otro de los puntos destacados en la presentación judicial está relacionado con la eventual conflictividad que podría derivarse de la aprobación de la norma. Los impulsores del recurso advierten que diversos integrantes y exintegrantes del Poder Judicial han manifestado públicamente preocupación por la posibilidad de que "se multipliquen las demandas" vinculadas a la aplicación de la futura legislación.
Entre los cuestionamientos mencionados aparecen aspectos vinculados a eventuales modificaciones en la edad jubilatoria, los porcentajes de aportes y la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo provincial en materias que, según sostienen, corresponden constitucionalmente al ámbito de decisión de la Legislatura.
