Fue durante una reunión que encabezó el ministro de Desregulación y Transformación del Estados, con representantes del sector. La nueva reglamentación alcanzaría a las nuevas variedades que se inscriban y no modificaría la ley de fondo.
El Gobierno presentó al campo su propuesta para fiscalizar semillas. Funcionarios del Gobierno nacional mantuvieron ayer una nueva reunión con representantes del sector agropecuario y semillero para presentarle su esquema de fiscalización de semillas, en el cual se destaca la participación privada en el control, aunque no se modificaría la ley actual. Además, según destacó una de las entidades de la Mesa de Enlace, este nueva reglamentación alcanzaría a las nuevas variedades que se inscriban.
El encuentro se llevó a cabo ayer por la tarde en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y fue encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue acompañado por el titular de la cartera agropecuaria, Sergio Iraeta, y del presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Formulari.
Por parte de las entidades, participaron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, CREA, Aapresid y representantes del sector semillero.
Herramientas
Después de varias reuniones e idas y vueltas, donde el sector agropecuario presentó su plan para impulsar una nueva ley, mientras que la industria semillera bregaba por la adopción del convenio internacional UPOV 91, el Gobierno puso su propuesta sobre la mesa, que busca “fortalecer el control sobre semillas”, pero que “no modifica la ley de fondo, sino que propone herramientas para hacerla efectiva”.
Según detalló el Ministerio de Desregulación, uno de los principales ejes es el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos. “Este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión”, argumentaron desde el Gobierno.
Asimismo, se prevé la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), por lo cual todos los establecimientos que operen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en dicha plataforma. “Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”, agregaron.
Sector privado
Otro punto sobresaliente es la incorporación del sector privado al control. En este sentido, el esquema contempla la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan suscripto convenios con el Inase o estén habilitadas por el mismo, “en un modelo de articulación público-privada que permite aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación”.
En cuanto a los métodos de identificación varietal, los análisis se realizarán mediante métodos reconocidos por el organismo público, con resguardo de muestras de respaldo, detallaron desde el Ejecutivo y agregaron que los resultados “serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el Inase, que dará curso a las acciones sumarias pertinentes”.
En este sentido, el titular podrá además promover las acciones civiles o penales que considere corresponda, mientras que las infracciones serán sancionadas según el artículo 38 de la Ley 20.247.
Al respecto, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, consideró a la reunión como “positiva” y agregó un detalle que desde el Gobierno no difundieron. Según el ruralista, “la nueva reglamentación se pondría en marcha únicamente con las nuevas variedades”.
“El esquema plantea que, a partir de muestras, se podrán determinar las variedades mediante análisis en laboratorios que deberán inscribirse. En una primera etapa, el control se realizaría sobre las bolsas", adujo.
"Principio de solución"
Para Castagnani, esta propuesta es “un adelanto importante” y consideró al proyecto como “el principio de una solución que estábamos buscando todos, y lo más importante para el productor es que es de acá en adelante”.
“No es retroactivo, así que, en ese sentido, no hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora. Desde ese punto de vista lo veo positivo. Puede haber algunos matices, pero creería que en general es un proyecto que puede ser beneficioso y creo que va a lograr un consenso que sería bueno”, concluyó el titular de CRA.
Por último, la SRA ponderó el "espacio de diálogo" y consideró que se está transitando "el camino correcto y se respeta el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar en la jerarquización del INASE. La entidad se compromete a seguir trabajando para estudiar el alcance de este proyecto, analizando su practicidad y el impacto real que tendrá sobre el productor agropecuario”.
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