Un hombre de 52 años, condenado por narcotráfico y armas, escapó de su prisión domiciliaria en Salto. Se sospecha que salió de Uruguay y ya es buscado a nivel internacional, con alerta en Concordia y participación de fuerzas argentinas.
Interpol activó una alerta roja internacional tras confirmarse la fuga de un ciudadano uruguayo de 52 años, identificado como Carlos Damián Araujo, que cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Salto, Uruguay, en la frontera con Concordia. El hombre es intensamente buscado ante la presunción de que habría abandonado el vecino país en las últimas horas.
El prófugo se encontraba cumpliendo una condena por delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con el suministro de estupefacientes. Su pena era de cinco años y seis meses de prisión.
Según trascendió, Araújo había sido trasladado desde una unidad penitenciaria tras someterse a una intervención quirúrgica, lo que derivó en la concesión del beneficio de prisión domiciliaria. En ese contexto, durante el mes de febrero habría aprovechado la falta de controles para darse a la fuga.
Uno de los puntos más cuestionados del caso es que, al momento de otorgarse el arresto domiciliario, la Justicia no dispuso custodia policial ni el uso de tobillera electrónica. Esta situación habría facilitado la evasión y generó críticas sobre los mecanismos de control aplicados.
Refuerzan los controles en la zona de Concordia
La fuga encendió las alarmas no solo en Uruguay, sino también en Argentina. Desde las autoridades uruguayas se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad de Concordia, debido a la cercanía geográfica y la posibilidad de un cruce fronterizo.
El jefe departamental de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que se activaron los protocolos de cooperación internacional ante este tipo de situaciones. En ese marco, se intensificaron los controles en la zona.
La búsqueda del prófugo está siendo coordinada por Interpol Uruguay e Interpol Argentina, mientras que en territorio argentino las tareas operativas están a cargo de la Policía Federal Argentina.
El caso vuelve a poner en debate los criterios para el otorgamiento de prisiones domiciliarias en delitos graves y la necesidad de reforzar los controles para evitar nuevas fugas con impacto regional.
