El Gobierno Nacional dispuso la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada con el objetivo de analizar las denuncias relacionadas con la promoción de la criptomoneda Libra. Según el Decreto 332/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la unidad fue desactivada por haber “cumplido con la tarea encomendada”.
“El Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”, expresa el texto oficial que da por finalizada su función.
La UTI había sido creada tras el fuerte impacto mediático y judicial que provocó la difusión de Libra, una criptomoneda que fue impulsada públicamente por el propio presidente Milei a través de sus redes sociales personales.
Pérdidas millonarias y acusaciones de estafa
El 14 de febrero pasado, la moneda digital fue promocionada desde las cuentas oficiales del mandatario, lo que impulsó a numerosos usuarios a invertir. Sin embargo, poco después, el proyecto se desmoronó cuando sus desarrolladores se retiraron de forma repentina y la criptomoneda perdió todo su valor.
Las personas damnificadas calificaron el episodio como una “estafa virtual” del tipo rug pull, una modalidad en la que los impulsores de una moneda digital abandonan el proyecto tras apropiarse de los fondos de los inversores.
La difusión presidencial generó una fuerte polémica y derivó en presentaciones judiciales. En paralelo, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva que acusa a Javier Milei de haber realizado “una promoción engañosa” y de actuar con “negligencia”, ya que, según los denunciantes, sin su aval público no habría existido tal nivel de inversiones.
La causa judicial continúa en el Ministerio Público
A pesar del cierre de la UTI, la investigación penal continúa su curso en el Ministerio Público Fiscal. El foco está puesto en determinar si hubo delitos económicos o posibles conflictos de intereses que involucren a funcionarios del Ejecutivo Nacional.
Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre los hallazgos de la Unidad ni sobre las pruebas recolectadas. La causa permanece abierta y bajo análisis judicial.
El cierre de la UTI marca el fin de una etapa administrativa, pero deja abierta una serie de interrogantes sobre la responsabilidad política y judicial en torno a la fallida criptomoneda. (NA)
