El borrador preliminar detalla la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso. El proyecto redefine indemnizaciones, crea un régimen de promoción del empleo registrado y regula a los trabajadores de plataformas digitales.
El Gobierno nacional avanza en los lineamientos de un ambicioso proyecto de modernización laboral, una iniciativa que propone modificar de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y diversas normas complementarias. El objetivo principal, según el documento preliminar al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y adecuar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos que hoy rigen en el mercado.
El borrador en evaluación dentro del Poder Ejecutivo se transformaría en un proyecto de ley que será elevado al Congreso en las próximas semanas, aunque aún se encuentra en etapa de ajustes técnicos y de revisión política. El texto contempla reformas profundas en materia de registración, cálculo indemnizatorio, procedimientos de crisis, negociación colectiva y regulación del trabajo en plataformas digitales.
Régimen de promoción del empleo registrado
Uno de los puntos centrales del borrador es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, una herramienta destinada a incentivar que los empleadores regularicen relaciones laborales no registradas o registradas de manera deficiente. El esquema propone beneficios significativos para quienes se adhieran, entre ellos:
-Condonación de deudas previsionales,
-Eliminación de multas e intereses,
-Baja automática del REPSAL,
-Obligación de blanquear a la totalidad del personal alcanzado.
El Gobierno sostiene que esta estrategia apunta a revertir una estructura productiva marcada por altos niveles de informalidad y a facilitar la transición hacia un empleo registrado más estable y con mayor previsibilidad.
Cambios en la registración laboral
El borrador también prevé una reforma administrativa de fondo. Propone centralizar la registración de trabajadores en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, a la vez, eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado, uno de los puntos más sensibles del sistema vigente.
Sin embargo, mantiene un resguardo clave: en caso de conflicto judicial, la falta de registración continuará actuando como presunción favorable al trabajador, preservando un equilibrio en materia de protección laboral.
Nuevo régimen indemnizatorio
El eje más discutido de la modernización laboral es la modificación del régimen indemnizatorio. El borrador redefine la base de cálculo, introduce topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y fija un piso mínimo del 67% del salario normal y habitual.
Además, habilita a que los convenios colectivos puedan reemplazar la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, sostenido por aportes de los empleadores. Esta opción se presenta como un mecanismo de previsibilidad que, según el Gobierno, busca reducir la litigiosidad y evitar juicios prolongados.
Accidentes y enfermedades laborales
El proyecto incorpora modificaciones al artículo 212, que regula la situación del trabajador accidentado o enfermo. La reforma ajusta los criterios de reincorporación laboral y establece distintas modalidades indemnizatorias según el tipo y grado de incapacidad, intentando modernizar un esquema que, según el Ejecutivo, quedó desfasado respecto de las dinámicas actuales.
Regulación de plataformas digitales
Uno de los capítulos más novedosos es la creación de un régimen especial para quienes trabajan a través de aplicaciones, particularmente los repartidores de plataformas digitales. El borrador los define como “trabajadores independientes”, con obligaciones fiscales y de seguridad social, pero con un paquete de derechos mínimos.
Entre ellos se destacan:
-Rechazar pedidos sin necesidad de justificar,
-Recibir explicaciones ante bloqueos o suspensiones en la aplicación,
-Acceder a información clara sobre ingresos y condiciones de operación.
Negociación colectiva y procedimientos de crisis
En materia de relaciones laborales, el texto propone reforzar la obligación de negociar de buena fe y incorpora sanciones para las partes que entorpezcan el proceso. También exige un mayor estándar de transparencia para que las empresas brinden a los sindicatos la información requerida en casos de crisis.
Actualización de créditos laborales e incentivos a la contratación
El borrador establece una nueva fórmula para actualizar créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y define límites para causas en trámite, con el fin de evitar indemnizaciones superiores a lo previsto por la nueva estructura.
Además, analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos trabajadores mediante reducciones temporales en las contribuciones patronales, con impactos diferenciados según el sector y el tamaño de la empresa.
El Poder Ejecutivo continuará trabajando sobre el texto durante los próximos días para definir la versión final que será presentada formalmente en el Congreso. La intención oficial es que la modernización laboral se convierta en uno de los pilares del programa económico para 2026, con la expectativa de reducir la informalidad y alentar nuevas inversiones. (Fuente: NA).
