La evaluación tendrá en cuenta el estado de salud de la persona detenida y si el establecimiento donde está alojada puede brindarle el tratamiento indicado. El informe servirá de orientación para los jueces al resolver cada solicitud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo médico para unificar los criterios con los que se evalúan los pedidos de prisiones domiciliarias por razones de salud. La medida alcanza a personas adultas procesadas o condenadas que estén alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
La medida se formalizó mediante la Resolución 2867/2026, publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El Cuerpo Médico Forense elaboró el protocolo a pedido de la Corte, que le había encomendado la tarea mediante la Acordada 21/2026, del 21 de agosto. El objetivo fue darles a los magistrados criterios técnicos y científicos comunes para analizar estas solicitudes.
Qué deberán evaluar los profesionales
La pericia comenzará por establecer el estado de salud de la persona detenida. Para eso, se tendrán en cuenta los exámenes y los informes médicos pertinentes, así como el tratamiento que requiere la patología diagnosticada.
La evaluación también deberá verificar las condiciones concretas de alojamiento. El informe analizará si la unidad cuenta con los servicios y la infraestructura necesarios para brindar el tratamiento indicado.
Las autoridades penitenciarias deberán aportar información documentada sobre la persona detenida y la atención que recibe. Esos datos permitirán contrastar las necesidades que surjan del examen médico con las prestaciones disponibles en el establecimiento.
Cómo se clasificarán las conclusiones
El protocolo establece cinco categorías para presentar los resultados de las pericias. La clasificación contempla desde los tratamientos que pueden realizarse en la unidad de alojamiento hasta los que no pueden brindarse dentro del sistema penitenciario.
También se prevé una categoría para los casos en que la información disponible sea insuficiente para llegar a una conclusión. Esa situación puede darse, por ejemplo, si el Servicio Penitenciario Federal no remite la documentación solicitada.
El documento incorpora mecanismos para relevar los servicios de salud de los establecimientos penitenciarios. La Corte también encomendó al Cuerpo Médico Forense actualizar periódicamente los criterios técnicos y comunicarle los cambios.
Quién resolverá los pedidos
Los informes servirán como elemento de juicio para evaluar las solicitudes de prisiones domiciliarias por motivos de salud. La decisión quedará a cargo del juez que intervenga en cada expediente.
Los magistrados podrán pedir otros informes y evaluar las circunstancias que consideren pertinentes. Las categorías del protocolo describen la posibilidad de brindar el tratamiento y orientan ese análisis.
La Corte ordenó comunicar la resolución a las cámaras con competencia penal del Poder Judicial de la Nación. También dispuso su difusión entre la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y los ministerios de Justicia y de Seguridad.