REDACCIÓN ELONCE
Tras la masiva convocatoria de la Marcha Federal del Orgullo, el pasado sábado, el gobierno de Javier Milei se mantiene firme en su postura contra la "ideología de género" y avanza con un controvertido proyecto: la derogación de la figura del femicidio en el Código Penal argentino. Esta medida podría transformar las penas a más de 300 personas actualmente condenadas por femicidio, cambiando sus penas de prisión perpetua a una condena de entre 8 y 25 años, que es lo que se estipula para un homicidio simple.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, defendió la iniciativa argumentando que su gobierno promueve la igualdad ante la ley, y afirmó que el feminismo distorsiona el concepto de igualdad. En ese sentido, si se elimina el agravante de género, ¿se estará ante una medida que podría desproteger a las víctimas de violencia de género? De aprobarse esta modificación también afectaría los futuros casos de femicidio, aplicando penas menos severas.
El femicidio no es sólo un asesinato de una mujer, sino que se trata de un crimen motivado por razones de género. En 2023, Argentina registraron 250 femicidios, lo que significó un aumento con respecto al año anterior. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2024 se registraron 252 femicidios, con un factor alarmante: el 84% de las víctimas tenían una relación previa con sus asesinos. Si se deroga esta figura, ¿se estará minimizando la gravedad de los crímenes motivados por género y su impacto en las víctimas?
El tema fue tratado en el programa El Ventilador, de Elonce, que se emite martes y jueves a las 21.30.
Emma Clementi, abogada e integrante del Instituto de Mujeres, Género y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, explicó que “se han venido escuchando discursos de odio en contra de tantos avances que nos ha costado mucho conseguir. No ayudan ni colaboran a poder garantizar estos debates que venimos dando. La figura del femicidio, tal como está hoy incorporada a nuestro Código Penal, como agravante del homicidio, es una figura que se origina en la Sociología, pero que es tomada por lo jurídico para poder visibilizar que hay una especie de violencia en particular hacia las mujeres e identidades feminizadas que puede diluirse en la enorme masa de homicidios que ocurren por otras causas o por otras muertes violentas”.
Consideró que “es importante que podamos pensar más allá de si esto va o no a tener éxito en la Legislatura, si efectivamente se conseguirá o no el consenso para poder remover el agravante. Hay que pensar a quién realmente le sirve esto hoy. Hemos logrado que la figura del femicidio esté y esto es un proceso que se ha dado en toda Latinoamérica con distintas variantes, a partir de un consenso social que tuvo su punto máximo en el grito de Ni Una Menos en 2015, a partir de una confluencia muy grande de diversos sectores, algunos feministas y otros no, para poder decir basta de que asesinen a las mujeres”.
Remarcó que “se asesina a una mujer por día. En algunos días ha habido dos o tres casos. Es sumamente grave, sobre todo teniendo en cuenta que el femicidio, como expresión extrema de violencia hacia las mujeres, representa una porción de esa violencia. Si solamente es lo que podemos ver, lo que podemos contabilizar, cuántas violencias más están ocurriendo continuamente, que no se ven, que no se perciben o llegan a ese punto tan extremo”.
“El estado tiene la obligación de ejecutar medidas de acción positiva que protejan a las infancias, a la ancianidad, a las mujeres, a las personas con discapacidad”, agregó.
Consultada sobre qué pasaría con los condenados por femicidio si avanza el proyecto, explicó: “en la ley penal tenemos el principio de no retroactividad de la ley penal. La excepción a ese principio son las leyes penales más benignas. Esto es porque una conducta que anteriormente era considerada grave y deja de serlo, no hay razón para mantener presa a una persona que la cometió. Con este criterio, las personas que hoy cumplen una condena por femicidio podrían pedir que revisen sus sentencias y solicitar la libertad. Se genera un manto de impunidad sobre los femicidios, que todos los días los estamos contabilizando. También alentaría a que si llega a pasar el proyecto muchas personas que están cumpliendo condena queden en libertad. Qué les vamos a decir a las familias que todos los días se tienen que colgar la foto de su hija, de su hermana, que tienen que salir a pedir justicia y encima ver al femicida suelto”.
Indicó que “hay una obligación del estado para ejecutar todas las medidas, no solamente sancionar, sino para prevenir. Para ello hay que pensar en políticas diferenciadas porque no todas las situaciones son iguales. Tienen que estar los tres poderes involucrados, por eso la importancia que tiene la Ley Micaela, en cómo voy a analizar una situación de violencia, si será como cualquier otro caso de violencia o si voy a detectar cuáles son estas diferencias estructurales que atraviesan las violencias por razones de género y que las diferencian de otras”.
“Las violencias por razones de género siempre son una violencia que es compleja, por lo tanto, la respuesta tampoco va a ser simple. Tiene que ser interdisciplinaria y desde todos los lugares. Lo importante de la figura penal del femicidio es que logra desentrañar que hay una violencia que es específica que es una representación de desigualdades estructurales, sociales, culturales, históricas. No hay un día por el cual se celebre el voto masculino y sí hay un 23 de septiembre que celebramos el voto femenino. Tiene que ver con que las mujeres siempre tenemos una fecha de la primera mujer que votó, la primera que egresó de una universidad, la primera que logró un trabajo registrado, y lo mismo podemos decir del colectivo travesti-trans. Son colectivos históricamente relegados, que atraviesan múltiples violencias”, manifestó.
Dijo que “estos discursos se montan en falta de perspectiva de género porque los derechos que hemos conseguido tan arduamente no están escritos en piedra, siempre están puestos en duda, sobre todo en épocas de crisis económicas. El debate sobre femicidio sí o no, no tiene que ver tanto con una cuestión legislativa, sino con aumentar el umbral de tolerancia hacia esos crímenes especialmente aberrantes. Hay un consenso que se había conseguido con mucho debate y discusión, y de pronto nos instalan nuevamente una división”.
Comentó que el femicidio se incorporó a las legislaciones en América Latina “en la primera década del 2000, a partir de múltiples avanzadas del movimiento feminista de poder visibilizar que hay una forma que es específica. A nivel mundial la inmensa masa de homicidios, el 90 por ciento diría, tiene como víctimas a los hombres, pero también en un 90 por ciento los perpetradores son varones. De esa increíble masa de muertes violentas hay una porción que son niñas, mujeres, y que tienen notas distintivas. Esta gran cantidad de varones que son asesinados principalmente por otros varones, son asesinados por desconocidos, son homicidios que generalmente ocurren en la vía pública, que a veces tienen ocasión en ocasión de robo. En el caso de las niñas y mujeres, hay notas particulares. La inmensa mayoría de sus victimarios no eran desconocidos, sino que era alguien del entorno, de la familia, parejas, exparejas. Y no se cometían en el espacio público, más allá de que algunas aparecen en los espacios públicos como un mensaje. Se cometen principalmente dentro del hogar, con lo cual hay un factor de riesgo. Por eso la importancia de poder distinguir, porque el tratamiento es diferente, la investigación también y las formas de prevenir lo mismo”.
“Hay una figura básica que es el homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años, y hay agravantes, que son por las circunstancias, la víctima, el victimario, los motivos, que puede ser por odio, racial, de género. Esa figura básica se va a agravar y la pena va a ser perpetua. Hay dos incisos: uno es el femicidio y otro es el femicidio vinculado, que tiene que ver con asesinar a una persona del entorno de la mujer o identidad feminizada para ocasionarle un daño. Puede ser la persona que se interpone para defender a la mujer y termina recibiendo la violencia, pero la destinataria es la mujer. Ahí podemos encuadrar todos los casos de niños, incluso niños que tenían en común, por ocasionarle un daño a esta mujer”, explicó.
Se preguntó: ¿se está buscando que se tolere socialmente para que se justifique la inacción del estado? El estado ha estado muy presente retirándose e incrementando estos discursos de odio que luego se traducen en actos concretos de odio”.
Indicó que “es necesario reforzar la prevención. El problema es que uno de los principales ataques de este gobierno tiene que ver con la Educación Sexual Integral, cuando es un ámbito que permite denunciar abusos. Existen organismos para brindar asistencia a las mujeres, que venían trabajando con personal reducido y a partir de los despidos masivos del estado y sin presupuesto mucho más”. Elonce.com
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