La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un efectivo de Gendarmería acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en el Congreso.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo pasado en las inmediaciones del Congreso.
Los jueces ratificaron la acusación por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos agravados por el abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad. Con esta decisión, el tribunal dejó firme la responsabilidad penal provisoria del gendarme en el marco de una causa que investiga el uso de la fuerza estatal en protestas sociales.
La resolución judicial detalla que Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases entre las 17 y las 17:22, de manera “prácticamente horizontal” y en dirección a los manifestantes que se encontraban frente al cordón policial.
Disparos antirreglamentarios y riesgo de vida
Uno de esos disparos impactó directamente en la cabeza de Grillo, quien sufrió fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales. Según el Cuerpo Médico Forense, las lesiones “pusieron en riesgo su vida”, un dato central para sostener la calificación penal de lesiones gravísimas.
El fallo remarcó que las imágenes incorporadas a la causa, junto con peritajes y reconstrucciones técnicas, muestran que el disparo que hirió al fotógrafo fue realizado “en forma directa –horizontal– hacia el conjunto de personas que se encontraban frente al cordón policial”, una modalidad considerada antirreglamentaria y altamente peligrosa.
En ese sentido, el tribunal citó los manuales de uso del arma y estándares internacionales, que establecen que “nunca deben dispararse cartuchos de gas lacrimógeno directamente hacia una persona”, ya que su impacto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
La investigación sobre la cadena de mando
Más allá de confirmar el procesamiento de Guerrero, uno de los votos, el del juez Roberto Boico, puso especial énfasis en el contexto de protesta social en el que ocurrieron los hechos y sostuvo que el análisis no puede limitarse únicamente a la conducta individual del tirador.
El magistrado planteó la necesidad de profundizar la investigación para determinar eventuales responsabilidades de las autoridades que intervinieron en el operativo, en especial en lo referido a la cadena de mando y a las decisiones operativas adoptadas durante la manifestación.
De este modo, la causa no solo mantiene bajo proceso al gendarme imputado, sino que también abre la puerta a un análisis más amplio sobre el rol de las autoridades y el uso de la fuerza estatal en manifestaciones públicas, en el marco del denominado “Protocolo Bullrich”.
La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, dejó así a Guerrero a un paso del juicio oral, mientras la investigación podría ampliarse hacia los niveles superiores de responsabilidad institucional.
(Con información de Ámbito)
