Cancillería respondió este jueves a Londres luego de que Uma Kumaran convocara a Mariana Plaza. Buenos Aires sostuvo que recurrir ante jueces independientes permite proteger sus derechos sobre recursos naturales y rechazó los cuestionamientos al procedimiento elegido.
El Gobierno argentino defendió este jueves 1 de octubre el recurso al arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas, después de que el Reino Unido convocara a la embajadora Mariana Plaza para transmitirle su desacuerdo con la iniciativa.
La reunión se realizó el miércoles y estuvo encabezada por la subsecretaria parlamentaria británica Uma Kumaran. La funcionaria cuestionó la decisión argentina y la describió en sus redes sociales como un intento de “socavar” los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas.
La respuesta fue difundida mediante un comunicado de la Cancillería, que rechazó esa caracterización. El organismo sostuvo que acudir a los mecanismos previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) constituye una vía para proteger los derechos soberanos que Argentina reclama sobre los recursos naturales del área.
La respuesta a los cuestionamientos de Londres
Para el Gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”. En ese sentido, defendió la intervención de jueces que apliquen las normas aceptadas por ambos países.
El comunicado también respondió al argumento británico de que sus actividades hidrocarburíferas se ajustan al derecho internacional. Según la posición argentina, un tribunal es el ámbito adecuado para examinar esa afirmación. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló.
La controversia gira en torno a Sea Lion, el proyecto que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum prevén desarrollar a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Las compañías proyectan iniciar la producción petrolera en 2028.
El procedimiento y las medidas anunciadas
El presidente Javier Milei anunció el 28 de septiembre la instrucción a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El objetivo declarado fue impedir la explotación de hidrocarburos que Argentina considera ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte.
La Cancillería explicó que ambos Estados son parte de la Convención y sostuvo que, al no coincidir sus preferencias sobre el tribunal competente, corresponde el mecanismo arbitral. El tratado contempla esa vía cuando las partes no aceptaron el mismo procedimiento, salvo que acuerden otro.
Según lo informado, el canciller Pablo Quirno notificó a Londres el 28 de septiembre y otorgó dos semanas para detener las actividades vinculadas a Sea Lion. Si no ocurre, Argentina anunció que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
El alcance del reclamo argentino
Quirno diferenció el objetivo de esta acción de la disputa territorial: el planteo busca detener la extracción unilateral de hidrocarburos y no resolver la soberanía sobre Malvinas. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó.
El comunicado también cuestionó la invocación británica del principio de libre determinación. Argentina sostuvo que Naciones Unidas no lo ha aplicado a los actuales habitantes de las islas dentro de esta controversia y recordó el compromiso constitucional de respetar su modo de vida.
Como antecedentes, la Cancillería citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, referidas a las negociaciones y a la abstención de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa la disputa. El organismo argumentó que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables constituye una modificación de ese tipo.
