Londres citó a Mariana Plaza tras el arbitraje impulsado por Argentina para frenar proyectos petroleros y cuestionó la medida adoptada por el Gobierno nacional.
El gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, a raíz del arbitraje internacional impulsado por el presidente Javier Milei para intentar frenar proyectos petroleros en las inmediaciones del archipiélago.
La subsecretaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó la convocatoria mediante un comunicado difundido en redes sociales y cuestionó la iniciativa argentina. Sostuvo que el reclamo constituye un “intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes” de las islas.
La funcionaria británica afirmó que “la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)” y aseguró que las operaciones se desarrollan en concordancia con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La postura del Reino Unido
Kumaran cuestionó el planteo realizado por Argentina y sostuvo: “No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales”. Además, afirmó que “ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
Asimismo, reiteró la posición británica respecto del archipiélago al señalar que las islas “son británicas” y aseguró que el Reino Unido defenderá lo que considera el derecho de los isleños a la autodeterminación.
También sostuvo que Londres continuará respaldando a los habitantes de las islas para defender sus intereses económicos y su posición respecto del futuro del territorio.
El arbitraje impulsado por Argentina
La reacción británica se produjo después de que Milei decidiera iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación petrolera en la zona de Malvinas.
El Gobierno argentino había establecido un plazo de dos semanas para que las autoridades británicas cumplieran con el requerimiento presentado. En caso contrario, anticipó que solicitará ante un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales destinadas a resguardar los derechos soberanos reclamados por Argentina.
Milei sostuvo que las medidas tenían como objetivo detener “el saqueo ilegal” de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía es reclamada por Argentina.
En paralelo, la Cancillería argentina había enviado alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores pertenecientes a 30 países.
Además, inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó ante tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras, de capitales británicos, israelíes y canadienses, y sus directivos.
