La Justicia Federal avanzará por la explotación petrolera en Malvinas tras declararse competente en una acción contra las compañías que impulsan el proyecto offshore Sea Lion. Denuncian riesgos ambientales y operaciones bajo licencias británicas sin autorización argentina.
La Justicia Federal avanzará por la explotación petrolera en Malvinas luego de que la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declarara competente para intervenir en una acción preventiva contra las compañías extranjeras que impulsan el proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion.
El emprendimiento es desarrollado por una alianza entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan perforar y extraer hidrocarburos en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, dentro de un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.
La decisión judicial se conoció después de que el presidente Javier Milei anunciara la intención del Gobierno nacional de endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que desarrollen actividades petroleras en las islas sin autorización argentina. La causa, sin embargo, se concentra específicamente en los aspectos ambientales y soberanos vinculados con Sea Lion.
Buscan frenar las operaciones del proyecto Sea Lion
La acción fue presentada conjuntamente por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), según informó Infobae. Ambas organizaciones solicitaron paralizar las tareas operativas y logísticas relacionadas con el proyecto.
Los demandantes sostuvieron que las compañías trabajan bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido. Además, denunciaron que el emprendimiento no cuenta con una evaluación de impacto ambiental ni con el certificado de aptitud expedido por las autoridades argentinas.
Las organizaciones fundamentaron su presentación en las exigencias establecidas por la Ley General del Ambiente N° 25.675 y plantearon que las actividades proyectadas podrían generar consecuencias sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
Tierra del Fuego tendrá participación en la causa
Tras declararse competente, Borruto dispuso incorporar a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al expediente.
La magistrada otorgó a la Fiscalía de Estado provincial un plazo de diez días para intervenir en representación de la provincia, en resguardo de los recursos naturales y del patrimonio estatal involucrados.
De acuerdo con lo informado por el sitio Fiscales, la resolución también requirió a las organizaciones demandantes que comuniquen, dentro de cinco días, si iniciaron procedimientos similares ante otros tribunales. Además, deberán presentar la traducción formal y digital de la documentación incorporada al expediente que se encuentre redactada en idiomas extranjeros.
Las advertencias sobre el impacto ambiental
La intervención de la Justicia coincidió con la postura planteada por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, integrada por el fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña.
El Ministerio Público Fiscal consideró que un eventual impacto ambiental provocado por la explotación petrolera no quedaría limitado exclusivamente al área donde se desarrollaría el emprendimiento.
Según argumentó, la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las distintas ecorregiones del Mar Argentino implica que las posibles consecuencias ambientales podrían adquirir una dimensión más amplia.
Cómo será la infraestructura petrolera
Sea Lion contempla una infraestructura integrada por una red de pozos submarinos, ductos y una unidad flotante destinada a las tareas de producción, almacenamiento y descarga del petróleo extraído.
Uno de los cuestionamientos formulados por la fiscalía se relacionó con la imposibilidad de los organismos argentinos de acceder y auditar la información técnica vinculada con el proyecto.
También señaló que las autoridades nacionales no pudieron requerir estudios independientes sobre sus eventuales efectos ni desarrollar instancias de participación ciudadana vinculadas con la evaluación ambiental.
El proyecto petrolero queda bajo análisis judicial
Con la declaración de competencia de Borruto, la acción preventiva comenzó formalmente su recorrido ante la Justicia Federal de Río Grande.
El expediente deberá analizar ahora los planteos formulados contra las compañías responsables del proyecto y determinar si corresponde avanzar con medidas destinadas a impedir o limitar las operaciones denunciadas.
El caso suma así un nuevo capítulo a la disputa relacionada con la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas, mientras el Gobierno nacional anticipó que buscará reforzar las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en el área sin autorización argentina.
