La Casa Rosada apunta a sancionar el régimen penal juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modernización laboral para la apertura de las sesiones ordinarias. Carnaval, resistencia opositora, pedidos de cambios y ampliación de plazos.
La vicepresidenta Victoria Villarruel remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado el miércoles último por el Senado. El proyecto fue enviado por Villarruel al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El bloque de La Libertad Avanza necesita tener el proyecto para convocar el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 28 de febrero.
La demora en el giro del proyecto respondió que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios. Por el contrario, Diputados ya giró al Senado los proyectos aprobados el jueves de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.
La Libertad Avanza necesita dictaminar la semana que viene si quiere tener esas leyes el 1 de marzo ya que necesita 7 días de plazo entre el dictamen e ir al recinto, por lo que Bullrich y su bloque está acelerando los pasos para poder contar con los textos ingresados en la Cámara Alta y citar a las comisiones.
Otros trámites
Además, el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto que contempla la determinación será firmado en la noche de este viernes y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes.
“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante ante este medio. El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.
La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la ley de Financiamiento Universitario votada en 2024.
Ocurrió que, luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado.
