El Gobierno nacional reglamentó el capítulo de la Ley Bases en lo referido al sistema de concesiones del Estado. El ministro ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó los aspectos centrales de la nueva norma.
El Gobierno nacional reglamentó el capítulo de la Ley Bases en lo referido al sistema de concesiones del Estado que apunta a que las adjudicaciones sean “más estables, sólidas jurídicamente y flexibles”. El ministro del área, Federico Sturzenegger destacó cuatro aspectos centrales entre los que se destacan los plazos y las actualizaciones.
Al respecto, el funcionario remarcó que “las concesiones podrán tener un plazo variable. Esto quiere decir que la concesión es hasta que se recupera la inversión. Este sistema es muy utilizado en Chile y fue inventado por Eduardo Engel, un reconocido economista de ese país”.
Añadió que “si la obra es exitosa el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápido. En cambio, si la obra es menos redituable el plazo se extiende. De esta manera el concesionario no asume un riesgo de ‘demanda’ y al reducirse puede ofrecer mejores condiciones”.
Mecanismos automáticos de actualización
Stuzenegger también remarcó que “se permiten mecanismos automáticos de actualización. Se podrá concesionar, por ejemplo, en UVAs. Se protege así la ecuación económica del proyecto, pero sobre todo se evitarán redeterminaciones que siempre generaban una oportunidad para la corrupción”.
Como tercer aspecto, el funcionario subrayó que “la Ley Bases permite la ejecución de concesiones de Proyecto-Precio donde la ingeniería del proyecto queda en manos de los oferentes. Con este mecanismo se puede acelerar la ejecución en dos o tres años respecto del sistema tradicional”.
Explicó que “un ejemplo exitoso fue el uso de este mecanismo para licitar la casa central del Banco Ciudad que luego se transformó en la sede del gobierno porteño y que fue adjudicada al Estudio Foster. El mecanismo ahora queda incorporado en la ley”. Finalmente, remarcó que “se permite en el pliego determinar el mecanismo de resolución de controversias, lo que aporta seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado”.
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