La Cancillería cuestionó un documento oficial del Reino Unido dirigido a compañías vinculadas con la economía de las islas. Londres sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación allí y ofrece respaldo a empresas que reciban reclamos por sus actividades.
El Gobierno argentino manifestó su rechazo a una guía publicada por el Reino Unido para empresas que desarrollen actividades económicas en Malvinas, incluidos proyectos vinculados con la explotación de recursos naturales. La Cancillería sostuvo que el documento busca promover operaciones que Argentina considera ilegítimas en un territorio cuya soberanía reclama.
La publicación británica se denomina “Doing business with the Falkland Islands” y fue difundida el 15 de septiembre por el Foreign, Commonwealth & Development Office junto con el área de Comercio. Está dirigida tanto a compañías instaladas en las islas como a proveedores o firmas que participen directa o indirectamente de su economía.
El Reino Unido afirma en la guía que respalda las actividades comerciales y el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También sostiene que las islas constituyen un Territorio Británico de Ultramar y que Argentina no ejerce jurisdicción sobre ellas, posición que Buenos Aires rechaza en el marco de la histórica disputa de soberanía.
Qué plantea la guía del Reino Unido
Uno de los apartados está dedicado específicamente a las medidas que Argentina aplica contra empresas vinculadas con Malvinas. Londres sostiene que la legislación argentina no puede alcanzar a compañías o personas por negocios desarrollados en las islas y afirma que continuará respaldando a quienes operen allí.
El documento recomienda a las empresas buscar asesoramiento jurídico independiente en caso de recibir advertencias o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas. Además, el Gobierno británico señala que está dispuesto a expresar su posición directamente ante compañías, gobiernos y organismos internacionales.
También contempla situaciones en las que subsidiarias o proveedores puedan enfrentar cuestionamientos en terceros países por su relación con actividades desarrolladas en el archipiélago. Londres asegura que podrá intervenir diplomáticamente para respaldar su postura sobre esos negocios.
La respuesta de la Cancillería
Frente a esa publicación, la Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” y acusó al Reino Unido de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas” en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la posición argentina de que esos territorios y espacios marítimos forman parte del país y se encuentran bajo ocupación británica. Londres, en cambio, mantiene que posee soberanía sobre las islas y condiciona cualquier discusión sobre esa cuestión a la voluntad de los isleños.
Cancillería también vinculó su respuesta con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y sostuvo que continuará aplicando las leyes nacionales contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. El Gobierno encuadró esas acciones en las leyes 26.659 y 26.915 y en el Decreto 868/2026.
Advertencias y causas contra empresas
Según informó el Gobierno, hasta ahora se enviaron cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas localizadas en 30 países, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y se presentaron tres denuncias penales que comprenden a diez compañías y sus directivos.
La Cancillería sostiene además que las actividades unilaterales vinculadas con la explotación de recursos contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llama a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución a la disputa.
Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reiteró su disposición a retomar un diálogo bilateral con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas. La publicación de la guía británica suma así un nuevo capítulo a las diferencias entre ambos países por la soberanía y por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
