El Ministerio de Economía autorizó la adhesión de dos proyectos vinculados al procesamiento y transporte de gas natural. Las obras se desarrollarán en Neuquén y Buenos Aires.
Mediante las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional aprobó dos proyectos de inversión energética por más de 3.200 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las iniciativas corresponden a las empresas Midstream de Gas del Sur SA y Procesadora de Gas del Sur SA, que presentaron planes para desarrollar infraestructura destinada al procesamiento, transporte, fraccionamiento y almacenamiento de líquidos derivados del gas natural.
Según la documentación oficial, las inversiones computables previstas suman aproximadamente US$ 3.244 millones. Los proyectos contemplan obras en la Cuenca Neuquina y en la provincia de Buenos Aires, con instalaciones destinadas a la producción y comercialización de propano, butano y gasolina natural.
Un poliducto de 577 kilómetros hasta Bahía Blanca
La Resolución 1976/2026 aprobó la adhesión al RIGI del proyecto presentado por Midstream de Gas del Sur SA, que contempla una inversión computable de aproximadamente US$ 1.849,6 millones.
La iniciativa incluye la construcción, operación y mantenimiento de un poliducto de 577 kilómetros de extensión y 20 pulgadas de diámetro, que conectará la planta de Tratayén, en Neuquén, con General Daniel Cerri, en Bahía Blanca.
También comprende una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de líquidos del gas natural, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros, instalaciones de almacenamiento y despacho, y conexiones con el Puerto de Bahía Blanca.
El proyecto estará destinado principalmente a la obtención y comercialización de propano, butano y gasolina natural para su exportación.
Otro proyecto para procesar gas en Neuquén
Por otra parte, la Resolución 1977/2026 autorizó la adhesión de Procesadora de Gas del Sur SA, con una inversión computable prevista de US$ 1.394,7 millones.
El proyecto contempla un sistema de gasoductos de captación para transportar gases ricos provenientes de la Cuenca Neuquina hasta la planta de procesamiento de Tratayén.
Las instalaciones incluirán ramales de 24 pulgadas que confluirán en un ducto de 30 pulgadas, además de una planta de separación de líquidos del gas natural con capacidad para procesar 1.200 millones de pies cúbicos estándar diarios.
La iniciativa también prevé la reconversión de dos módulos criogénicos existentes y la incorporación de otros dos equipos de procesamiento.
De acuerdo con el cronograma presentado por la empresa, las obras comenzaron en mayo de 2026 y el inicio de las operaciones está previsto para el 1º de febrero de 2030. La vida útil estimada del proyecto será de 30 años desde su habilitación comercial.
Qué beneficios recibirán las empresas
Las resoluciones establecieron como fecha de adhesión al RIGI el 14 de octubre de 2026 para ambos proyectos.
Con su incorporación al régimen, las compañías accederán a los incentivos tributarios y aduaneros previstos por la Ley 27.742, además de los beneficios cambiarios que correspondan a cada iniciativa.
Las disposiciones también aprobaron los listados de mercaderías que podrán importarse mediante las franquicias establecidas en el régimen.
En el caso de Procesadora de Gas del Sur, la resolución aclaró que la empresa no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones contemplado en el artículo 198 de la ley.
Plazos y controles de las inversiones
El Ministerio de Economía estableció que las compañías deberán acreditar inversiones en activos computables equivalentes, como mínimo, al 40% del monto mínimo exigido por el régimen durante los primeros dos años, conforme a las condiciones de cada proyecto.
Para Midstream de Gas del Sur, la fecha límite para cumplir la inversión mínima computable será el 31 de julio de 2027, mientras que Procesadora de Gas del Sur tendrá plazo hasta el 30 de septiembre de 2027.
La Secretaría de Energía quedó a cargo de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el RIGI y sus normas complementarias.
Además, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central para implementar los beneficios que correspondan a las empresas.
