La medida eleva un parámetro clave del régimen y busca adaptarlo a sectores como energía y minería. El cambio no altera el objetivo de atraer grandes proyectos, pero redefine cómo se evalúan.
El Gobierno nacional introdujo cambios en el RIGI con el objetivo de adecuar su funcionamiento a las características de distintos sectores productivos. La modificación impacta en uno de los parámetros centrales del régimen, utilizado para determinar cuándo un proyecto se considera de largo plazo.
La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, el ajuste responde a la necesidad de mejorar la operatividad del esquema y alinearlo con la dinámica de actividades como la energía, la minería y la industria.
De esta manera, el RIGI incorpora un nuevo criterio técnico que redefine la evaluación de inversiones dentro del programa.
Qué cambia en el régimen
El principal cambio establece que el umbral del cociente financiero pasará del 30% al 35%. Este indicador se utiliza para comparar el flujo neto de caja esperado con las inversiones proyectadas en los primeros años de un proyecto, según informó Ambito.
Con esta actualización, se modifica el límite que define si una iniciativa cumple con las condiciones para ser considerada de largo plazo dentro del RIGI.
Desde el Ministerio de Economía indicaron que la medida surge a partir de informes técnicos que detectaron que el parámetro anterior no reflejaba con precisión la estructura económica de ciertos desarrollos.
Impacto en sectores productivos
El ajuste busca contemplar las particularidades de actividades con distintos esquemas de inversión. En el caso del sector energético, por ejemplo, se destacó que algunos proyectos presentan recuperaciones iniciales más rápidas, pero requieren reinversión sostenida a lo largo de varios años.
En esa línea, se explicó que el nuevo umbral permite mantener el criterio de largo plazo sin distorsionar el análisis de proyectos complejos.
Desde distintas áreas técnicas también señalaron que el cambio no altera la naturaleza de las inversiones en sectores como la minería o la infraestructura energética.
El Ejecutivo sostuvo que la modificación apunta a optimizar el funcionamiento del régimen y facilitar la llegada de inversiones de gran escala.
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