Diputados debatirá este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El Gobierno tendría respaldo para aprobarlo en general, aunque enfrenta resistencias por las sanciones vinculadas a la injerencia extranjera.
El oficialismo reúne los votos necesarios para aprobar en general la ley de Malvinas en la Cámara de Diputados, aunque enfrenta dificultades para sostener uno de los capítulos más controvertidos del proyecto. La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional será tratada este miércoles 18 de noviembre, desde las 12, y las negociaciones con los bloques aliados continuaban abiertas ante la posibilidad de que se elimine una parte del articulado.
El principal punto de conflicto es el capítulo 7, que establece sanciones por el financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados con la injerencia de otros Estados. Para su aprobación se requieren 129 votos, una mayoría que el Gobierno todavía no tenía garantizada.
Durante una reunión realizada el jueves anterior en el Salón de Honor de Diputados, representantes del oficialismo buscaron acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Mientras el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar el proyecto, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron modificaciones más profundas.
El capítulo que pone en riesgo el acuerdo legislativo
El Gobierno ofreció introducir cambios menores en el capítulo cuestionado, pero esa propuesta no alcanzó para despejar las diferencias con todos sus aliados.
Ante este escenario, no se descartaba que el oficialismo aceptara retirar el capítulo 7 para garantizar el respaldo al resto de la iniciativa, especialmente a las disposiciones destinadas a sancionar a empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El apartado en discusión contempla multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales en la Argentina.
También propone penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por Estados extranjeros que busquen afectar la seguridad nacional o la integridad territorial.
Entre las conductas previstas se incluyen la entrega de secretos a servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y la organización o financiación de campañas de injerencia extranjera.
Qué cambios aceptó el Gobierno
Frente a las objeciones recibidas durante el tratamiento del proyecto, el oficialismo introdujo modificaciones para excluir determinadas actividades del alcance de las sanciones.
Entre las excepciones incorporadas figuran el ejercicio de la actividad periodística, la investigación académica, la actividad diplomática ajustada al derecho internacional y la expresión pública de opiniones por parte de Estados extranjeros.
También quedaron exceptuadas las actividades de representación de intereses realizadas de manera abierta y conforme a las normas vigentes.
Sin embargo, los cambios no lograron disipar las preocupaciones de algunos bloques, que cuestionaron el alcance de las nuevas figuras penales y la posibilidad de que las disposiciones afectaran actividades legítimas.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra empresas y personas involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
El proyecto mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directores, socios, accionistas y proveedores de compañías que participen en esas actividades sin autorización argentina.
No obstante, durante las negociaciones se introdujeron modificaciones para excluir a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión que intervengan indirectamente en las operaciones.
También se redujo el alcance de las multas económicas. El texto original contemplaba sanciones equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo, mientras que la nueva redacción estableció un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles.
Estas disposiciones forman parte del núcleo del proyecto que el oficialismo busca preservar durante la votación en particular.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica.
El organismo estaría presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó incorporar como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.
Entre las facultades previstas para el Consejo se encuentra la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves, como restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, limitaciones a importaciones y exportaciones y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.
Cuestionamientos por el rol de las Fuerzas Armadas
Otros puntos que generaron controversia fueron los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones, así como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones consideradas no convencionales.
Desde sectores opositores advirtieron que estas disposiciones podrían modificar los límites entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, particularmente en materia de seguridad interior.
El peronismo y la izquierda cuestionaron, además, la amplitud de los conceptos de amenaza externa y terrorismo utilizados en el proyecto, al considerar que podrían habilitar decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Como parte de las modificaciones negociadas, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, que tendrá la función de controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según el texto, el Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
Otra disposición cuestionada es la que otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), al permitir la incorporación de organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar de su vinculación con actividades terroristas.
Una sesión con otros proyectos importantes
La sesión convocada para este miércoles también incluye otros asuntos de relevancia nacional.
Entre ellos figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en determinadas causas penales y el convenio de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
También está prevista la consideración de una enmienda al Protocolo de Montevideo.