El juez Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado por una transferencia de USD 200.000 vinculada a Federico “Fred” Machado. La resolución también alcanzó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino.
La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 que recibió en 2020, vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli. El procesamiento establece que existen elementos para avanzar con la acusación, pero no constituye una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad del exdiputado.
El magistrado también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como presunto partícipe necesario del delito de lavado de dinero. En su caso, fijó un embargo de $700 millones.
La transferencia que está bajo investigación
El pago de USD 200.000 es uno de los ejes del expediente que investiga a Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La Justicia busca esclarecer el origen de los fondos y la naturaleza de la operación.
El exlegislador sostiene que recibió ese dinero como contraprestación por una asesoría a una empresa. La Fiscalía, en cambio, sospecha que el contrato presentado para justificar la transferencia habría sido parte de una maniobra simulada.
Los fondos están ligados a Machado, empresario investigado en Estados Unidos por operaciones de fraude y lavado. La vinculación de esa transferencia con una actividad profesional efectivamente realizada es uno de los puntos discutidos en la causa.
El descargo que presentó el exdiputado
En agosto, Espert entregó una presentación de 141 páginas en la que solicitó su sobreseimiento. Allí defendió la legalidad del pago y rechazó que se hubiera tratado de una operación de lavado.
Como parte de sus argumentos, señaló que el contrato de asesoramiento había sido firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino. También sostuvo que la transferencia se realizó de manera identificable entre cuentas bancarias.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó en una publicación en X del 19 de agosto.
Los planteos para frenar la pesquisa
La decisión de Mirabelli se conoció días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos del exdiputado orientados a cuestionar el avance de la investigación.
Uno de ellos buscaba anular las medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía. La Cámara no hizo lugar al pedido, por lo que esas actuaciones permanecieron dentro del expediente.
El tribunal también rechazó la recusación del fiscal, a quien la defensa había cuestionado por una supuesta “pérdida de objetividad” y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. Con esos planteos desestimados, la investigación continuó hasta la resolución que dispuso los procesamientos y embargos.
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