El juez Martín Cormick consideró que el Ejecutivo no acreditó el cumplimiento total de la medida sobre salarios universitarios y becas. Advirtió que podría aplicar multas. Ambito
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que, en un plazo de cinco días, cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanzó la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de programas de becas estudiantiles. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse multas.
La decisión fue adoptada por Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, luego de que el Ejecutivo planteara una revocatoria contra una intimación anterior. El magistrado amplió los fundamentos de su resolución y mantuvo su criterio respecto de que no se había acreditado el cumplimiento integral de la cautelar.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que ya había cumplido las obligaciones alcanzadas por la medida judicial y presentó documentación sobre transferencias, resoluciones salariales, negociaciones paritarias y becas. Además, pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar multas.
Qué observó la Justicia sobre los salarios
Uno de los puntos centrales correspondió al artículo 5° de la Ley 27.795, referido a los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas. El juez reconoció que el Estado presentó documentación sobre convocatorias a negociaciones paritarias y órdenes de pago, pero consideró que esos elementos no demostraron el cumplimiento total de lo dispuesto.
En particular, Cormick evaluó si los aumentos y actualizaciones salariales habían sido calculados de acuerdo con las variables previstas en la norma. La resolución tomó como referencia una inflación acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y concluyó que las respuestas presentadas por el Estado no demostraron que se hubiera alcanzado ese incremento.
El planteo oficial difirió de esa interpretación. En su recurso, el Ejecutivo sostuvo que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8% para el período que consideró aplicable y defendió que había cumplido con la medida. Los gremios universitarios, en tanto, mantuvieron sus reclamos de recomposición salarial.
La discusión por las becas estudiantiles
El segundo eje estuvo relacionado con el artículo 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recomposición de programas de becas para estudiantes.
Según la resolución, el Estado informó avances respecto de la Beca Manuel Belgrano, pero sostuvo que programas como Progresar y las becas de Enfermería no quedaban comprendidos de la misma manera. El magistrado consideró que esa interpretación tampoco acreditaba el cumplimiento integral de lo ordenado cautelarmente.
El juez aclaró que este análisis no implicó adelantar una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia, sino determinar si la cautelar vigente había sido cumplida.
Cinco días y la posibilidad de multas
Cormick mantuvo entonces la intimación al Estado Nacional y estableció un nuevo plazo de cinco días para cumplir la medida cautelar, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por la demora.
La cautelar se originó en una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires. La medida había sido dictada en diciembre de 2025, posteriormente confirmada y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso presentado por el Estado.
La nueva resolución se produjo en medio de la continuidad del conflicto universitario. Gremios docentes mantienen medidas de fuerza, mientras que para el 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria, con el financiamiento, los salarios y la aplicación de la Ley 27.795 entre los principales reclamos.
