Los elementos fueron encontrados en un inmueble en proceso de sucesión. Una mujer afirmó que las urnas tendrían cenizas e identificaciones, mientras otra parte del conflicto aseguró que los ataúdes eran nuevos y habían sido comprados a una funeraria cerrada.
Encontraron 30 ataúdes y dos urnas en un local donde hubo una panadería, situado sobre la avenida Chacabuco de Posadas, Misiones. El hallazgo se produjo en diferentes jornadas, cuando integrantes de una familia que mantenía una disputa por el inmueble ingresaron para limpiarlo y reacondicionarlo.
Primero fueron localizados alrededor de 30 cajones funerarios y, días después, aparecieron dos urnas que aparentemente contenían cenizas. También se encontró un ataúd de tamaño infantil. La Policía y la Justicia intervinieron para establecer el origen de los objetos y determinar cómo llegaron al lugar.
El inmueble se encontraba atravesado por un proceso sucesorio y una controversia familiar por su posesión. Las partes involucradas brindaron versiones diferentes sobre el ingreso al local, la procedencia de los elementos funerarios y el uso que se le había dado al espacio, publicó Misiones online.
El hallazgo de las urnas
Las dos urnas fueron encontradas durante la mañana del jueves en el sector donde anteriormente se habían elaborado y vendido productos de panadería. Según relató Valeria González, pareja de uno de los involucrados en la disputa, ambas tenían etiquetas con nombres, apellidos y fechas de fallecimiento.
Una de las identificaciones estaría vinculada con una casa velatoria de Candelaria. La otra mencionaría a Morada del Avá, empresa que cuenta con un crematorio y un cementerio parque en Oberá. En este último caso, la inscripción correspondería a una persona fallecida en 2022.
González afirmó que no había manipulado las urnas y que comunicó el hallazgo a su abogado para que se iniciaran las actuaciones correspondientes. La aparición de estos objetos se conoció después de que se difundiera el hallazgo de los ataúdes en el mismo inmueble. Misiones Online
Cómo comenzó la disputa
Según la versión de González, el conflicto había comenzado después de la muerte de su suegro, cuando se abrió la sucesión del terreno. La mujer afirmó que ella y su esposo habían sido retirados de la propiedad y que, luego de realizar una presentación judicial, consiguieron autorización para volver a ingresar.
Al regresar para limpiar el inmueble, encontraron los cajones funerarios almacenados. “Fue espantosa la escena, era un desorden, me faltan herramientas de panadería. No sé qué hacían acá a la noche, no sé quién es el dueño”, relató la mujer a Misiones Online.
La situación motivó la presencia policial y la participación de una negociadora para mediar entre las personas que reclamaban derechos sobre la propiedad. A partir de los hallazgos, la Justicia deberá determinar la procedencia de las urnas, verificar su contenido e identificar a las personas mencionadas en las etiquetas.
La versión sobre los ataúdes
Julia Cordeiros, señalada como otra de las partes del conflicto, negó que en el inmueble hubiera funcionado una funeraria o se hubieran realizado cremaciones. Explicó que la parte delantera del local había sido utilizada únicamente como depósito y que permitió a su sobrino, Mauricio Morel, guardar allí los ataúdes.
Según su relato, Morel había adquirido los cajones después de comprar elementos pertenecientes a una funeraria que dejó de funcionar en Garupá. Cordeiros aseguró que todos eran nuevos y que su sobrino contaba con fotografías, comprobantes de compra y documentación del préstamo bancario utilizado para realizar la operación.
“Él se quedó con esos cajones y me pidió auxilio para guardarlos ahí, pero están nuevos, no son cajones usados ni tuvieron un muerto adentro”, explicó. La mujer estimó que había entre 30 y 37 unidades, aunque aclaró que no conocía el número exacto.
Negó que funcionara una funeraria
Cordeiros sostuvo que el establecimiento nunca había sido utilizado como funeraria. También rechazó las versiones que vinculaban el inmueble con prácticas de cremación y señaló que una actividad de esas características habría requerido instalaciones específicas.
“Ahí nunca funcionó una funeraria, era un depósito. Para quemar un cuerpo no es ponerlo en un horno; es algo muy especial y delicado”, manifestó. Además, consideró que cualquier movimiento de personas fallecidas habría sido advertido por los vecinos debido a la ubicación de la propiedad.
Respecto del primer procedimiento, la mujer afirmó que no se había tratado de un allanamiento ordenado por un juez. De acuerdo con su versión, otras personas ingresaron después de retirar candados y dañar una ventana y una puerta. Esa afirmación deberá ser contrastada con las actuaciones policiales y judiciales.
El retiro de los cajones
Cordeiros indicó que los ataúdes fueron retirados del comercio y trasladados hasta su vivienda. También sostuvo que el local quedó cerrado con llave y candado por indicación del personal policial y de la mediadora que intervinieron en el conflicto.
La mujer cuestionó que otras personas hubieran vuelto a ingresar y comenzado a trabajar en el lugar. “No entiendo qué hacen viviendo dentro del local y trabajando. Si tres días antes figuraba que teníamos una funeraria y ahora hacen hamburguesas, no tiene lógica lo que están diciendo”, expresó.
Asimismo, señaló que algunos ataúdes habrían sufrido daños durante el traslado y que su sobrino ya no podría utilizarlos para una posible actividad comercial. Mencionó como alternativa una eventual donación al Estado, aunque aclaró que esa decisión debía ser confirmada por el propietario de los elementos.
La investigación sobre las urnas
Al referirse a las urnas, Cordeiros volvió a negar que los supuestos restos hubieran sido cremados dentro del inmueble. “Yo sé que es un delito, es algo muy delicado, no es un chiste lo que estamos pasando y es delicado lo que se está publicando”, sostuvo.
La Justicia deberá verificar si las urnas contenían cenizas humanas, confirmar la información consignada en sus etiquetas y establecer quién las trasladó al local. También tendrá que determinar si guardaban alguna relación con los ataúdes almacenados o si se trató de situaciones diferentes.
Ninguna de las versiones permitió establecer por sí sola cómo llegaron las urnas al inmueble. Tampoco se informó que las autoridades hubieran determinado la comisión de un delito relacionado con los elementos funerarios.
Un conflicto bajo intervención judicial
Cordeiros afirmó que había vivido durante 30 años en el lugar y que la disputa afectó a distintos integrantes de su familia. Señaló que una de sus hijas había comenzado un tratamiento psicológico como consecuencia de la situación y pidió que se aguardaran las decisiones judiciales.
“Hay que esperar que la Justicia actúe y las órdenes del juez, ver qué va a pasar. Todo está por vía judicial, sabemos que lleva un proceso y un tiempo, y hay que respetar eso y tener paciencia”, concluyó.
La investigación continuará con el análisis de los objetos y de la documentación presentada por las partes. Además del origen de los ataúdes y las urnas, la Justicia deberá resolver la disputa por la posesión del inmueble ubicado sobre la avenida Chacabuco.
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