El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un programa de adhesión voluntaria para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El mecanismo permitirá detectar los equipos, las tarjetas SIM y las líneas activadas en sectores restringidos.
El Gobierno nacional puso en marcha este martes un sistema federal destinado a detectar y bloquear celulares utilizados dentro de cárceles provinciales. La iniciativa busca impedir que personas privadas de su libertad empleen estos dispositivos para organizar o coordinar delitos desde los establecimientos penitenciarios.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial. La normativa incorpora un protocolo técnico y un modelo de convenio para las jurisdicciones interesadas.
La participación será voluntaria y podrán adherir todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para incorporarse, cada jurisdicción deberá firmar un convenio específico con la cartera nacional.
Cómo funcionará el bloqueo
El procedimiento comenzará con la detección de los equipos que se activen en sectores de alojamiento de detenidos o áreas de acceso restringido. El sistema identificará el código IMEI del dispositivo, el IMSI correspondiente a la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada.
La inhabilitación conjunta de esos datos permitirá mantener bloqueados los celulares aunque sus usuarios intenten cambiarles la tarjeta SIM. De esta manera, no se limitará únicamente la línea, sino también el funcionamiento del dispositivo detectado.
El Ministerio de Seguridad Nacional actuará como ventanilla única ante las empresas prestadoras de telefonía móvil. Las provincias deberán remitirle la información y no podrán solicitar directamente a las compañías la inhabilitación de los equipos.
Las obligaciones de las provincias
Las jurisdicciones adheridas tendrán que cargar diariamente los datos de los dispositivos identificados en un servidor habilitado por el Gobierno nacional. La información deberá enviarse mediante archivos en formato CSV, separados según cada empresa prestadora y tipo de identificador.
Una vez recibido el pedido formal, las operadoras de telefonía tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar y confirmar el bloqueo. El programa será implementado y coordinado por la Subsecretaría de Articulación Federal.
Los servicios penitenciarios provinciales deberán monitorear en forma remota los equipos de detección y comunicar inmediatamente cualquier inconveniente. También tendrán que garantizar el cumplimiento del protocolo dentro de las cárceles alcanzadas.
Controles y dispositivos autorizados
La normativa permite habilitar sectores para guardar los teléfonos pertenecientes a personas autorizadas, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y funcionarios diplomáticos o consulares.
Esos espacios deberán encontrarse fuera de las áreas cubiertas por el sistema, de modo que los dispositivos autorizados no sean incorporados accidentalmente a las solicitudes de bloqueo.
Los datos obtenidos serán tratados bajo normas de confidencialidad y trazabilidad. Además, el procedimiento quedará sujeto a auditorías periódicas para controlar la detección, el envío de la información y la posterior inhabilitación de los equipos.
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