La denominada Ley Ema alcanza a instituciones públicas y privadas de todos los niveles. Contempla contenidos sobre ciudadanía digital, capacitación docente, protocolos para resguardar pruebas y acompañamiento psicológico, pedagógico y legal.
La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley la creación de un sistema provincial para prevenir y abordar la violencia digital dentro de las escuelas. La norma, conocida como Ley Ema, establece herramientas de actuación para proteger a estudiantes y al resto de la comunidad educativa.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Celia Arena y el senador Ciro Seisas. Su alcance comprende a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, desde los niveles iniciales hasta los superiores.
La legislación define como violencia digital a toda acción u omisión realizada o agravada mediante tecnologías que provoque un daño físico, psicológico, sexual, económico o moral. Incluye situaciones como ciberacoso, extorsión virtual, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y manipulación de contenidos con inteligencia artificial.
Qué deberán hacer las escuelas
El Ministerio de Educación de Santa Fe será la autoridad encargada de aplicar la norma. Para ello, deberá coordinar acciones con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Niñez.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la incorporación transversal de contenidos vinculados con ciudadanía digital, privacidad y consentimiento. También se trabajará la Educación Sexual Integral aplicada a los espacios virtuales.
La ley dispone capacitaciones permanentes para docentes y equipos escolares sobre derechos humanos, perspectiva de género y uso responsable de las tecnologías. La formación buscará que las instituciones puedan detectar las situaciones y actuar de forma adecuada.
Protocolos y asistencia para las víctimas
Las escuelas de Santa Fe deberán contar con protocolos que garanticen una intervención rápida y confidencial. Uno de sus puntos centrales será la conservación inicial de mensajes, publicaciones, fotografías y otros elementos digitales que puedan servir como prueba.
Los procedimientos también deberán evitar la exposición y revictimización de las personas afectadas. Además, se implementarán instancias de acompañamiento psicológico, pedagógico y legal según las características de cada caso.
La norma lleva el nombre de Ema, una adolescente que atravesó una situación de violencia digital. Su caso impulsó un movimiento encabezado por su madre, Laura Sánchez, junto con organizaciones dedicadas a la protección de derechos en internet.
