Una mujer de Córdoba inició una acción civil contra el laboratorio y el Estado nacional al sostener que sufrió un síndrome de Guillain-Barré tras recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. La Justicia deberá determinar si existió un nexo causal entre la vacunación y el cuadro clínico.
Una mujer de la localidad cordobesa de Coronel Moldes presentó una demanda civil contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional en la que reclama una indemnización por los daños que, según sostiene, sufrió luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19.
La causa se apoya en documentación médica y administrativa incorporada al expediente, aunque la cuestión central que deberá resolver la Justicia será si existió o no un vínculo causal entre la vacunación y el cuadro neurológico que derivó en una discapacidad laboral del 75,60%.
La acción judicial fue iniciada por Flavia Ochoa, quien solicita una reparación económica por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente, pérdida del proyecto de vida y daño punitivo. Además, cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, norma que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo específico para indemnizar a personas que acrediten daños derivados de la vacunación.
El caso se conoce mientras continúan distintas investigaciones judiciales vinculadas a la gestión de la pandemia, aunque esta demanda civil tramita de manera independiente y se centra exclusivamente en el reclamo indemnizatorio de la mujer.
El relato de los primeros síntomas
Según consta en la demanda, Ochoa recibió la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un centro de vacunación de Coronel Moldes.
De acuerdo con la presentación judicial, pocas horas después comenzó a experimentar intensos dolores musculares y fuertes calambres. Al día siguiente, la situación se agravó con una pérdida progresiva de movilidad.
"Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", relató Ochoa a la Agencia Noticias Argentinas.
Ante ese cuadro fue asistida inicialmente en su ciudad y luego derivada a un sanatorio privado de Río Cuarto para una evaluación especializada.
La documentación incorporada al expediente
La demanda no se sustenta únicamente en el testimonio de la mujer. El expediente reúne historias clínicas, certificados médicos, estudios neurológicos, informes de rehabilitación, constancias de denuncias de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), reportes remitidos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y resoluciones administrativas.
Durante la internación se le practicaron resonancias magnéticas, análisis de laboratorio y una punción lumbar.
De acuerdo con la documentación médica presentada por la demandante, el diagnóstico fue síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. A partir de ese momento recibió tratamiento con gammaglobulina, corticoides y un programa intensivo de neurorehabilitación.
Los certificados incorporados describen inicialmente un severo compromiso de la movilidad, con necesidad de utilizar silla de ruedas, y posteriormente una recuperación parcial que requirió dispositivos de asistencia para caminar y tratamientos permanentes de rehabilitación.
Una discapacidad reconocida administrativamente
Entre las pruebas aportadas figura también el Certificado Único de Discapacidad y el dictamen de la Comisión Médica de Río Cuarto, emitido en el marco de un trámite previsional.
Ese organismo determinó una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que surge de la evaluación conjunta del cuadro neurológico, las limitaciones funcionales y otras afecciones consideradas durante la valoración médica.
Ochoa afirmó que continúa con sesiones de rehabilitación tres veces por semana y que las secuelas persisten. "Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo", expresó.
La documentación también incluye indicaciones para tratamientos de fisioterapia, kinesiología y neurorehabilitación, además de la medicación prescripta para el seguimiento del cuadro.
El reclamo administrativo previo
Antes de acudir a la Justicia, la mujer inició el procedimiento previsto en la Ley 27.573 para acceder al fondo de reparación destinado a personas que acreditaran daños derivados de la vacunación contra el Covid-19.
Según surge de la demanda, ese trámite concluyó con un dictamen que sostuvo que no pudo establecerse un nexo causal entre la vacuna aplicada y el evento denunciado. Esa conclusión fue rechazada por la demandante, quien decidió promover la acción judicial.
"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló Ochoa.
Qué deberá resolver la Justicia
La existencia de la documentación médica, administrativa y previsional incorporada al expediente constituye parte de la prueba presentada por la actora. Sin embargo, ello no implica por sí mismo que exista una responsabilidad legal del laboratorio o del Estado, publicó NA.
El eje del proceso será determinar, a partir de la valoración de esa evidencia y de la prueba que produzcan ambas partes durante el juicio, si corresponde establecer un vínculo causal entre la vacunación y el cuadro neurológico denunciado y, en consecuencia, si existe fundamento para hacer lugar al reclamo indemnizatorio.
