Al cumplirse un año de la declaración de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la presidenta de NeuroCEA Entre Ríos, Amarú Méndez, aseguró que la situación continúa agravándose. Denunció cierres de centros, falta de pago a prestadores y familias que ya no pueden sostener las terapias.
La Ley de Emergencia en Discapacidad cumplió un año en medio de un escenario que, según las organizaciones que representan al sector, continúa siendo crítico. Desde NeuroCEA Entre Ríos afirmaron que la situación de las personas con discapacidad y de los prestadores no solo no mejoró, sino que se agravó durante los últimos meses.
La referente de la entidad, Amarú Méndez, recordó el intenso trabajo que realizaron durante el último año para intentar garantizar la continuidad de las prestaciones y cuestionó la falta de respuestas por parte del Estado.
"El año pasado fue muy movidito. Tuvimos un montón de piedras en el camino. Todos ya más o menos saben que anduvimos, fuimos y vinimos con el Congreso de la Nación, con diputados y con senadores. Se cumple un año de esta Ley de Emergencia en Discapacidad, que era tan necesaria para un montón de familias y prestadores, y hoy nos encontramos con la misma situación que el año pasado y tal vez peor", expresó.
"La emergencia sigue"
Méndez recordó que la norma fue vetada y volvió al Congreso, aunque aseguró que las gestiones judiciales impulsadas durante este año tampoco lograron modificar el panorama.
"Más allá de haber sido vetada y de que haya vuelto al Congreso, este año se hizo un amparo colectivo y no se llegó absolutamente a nada. La emergencia sigue", afirmó.
Como consecuencia, señaló que numerosos prestadores dejaron de trabajar y que varios centros de atención debieron cerrar sus puertas.
"Un montón de centros de día de la provincia de Entre Ríos han cerrado sus puertas. Hay profesionales que deciden no trabajar más con discapacidad. Incluir Salud, que es la obra social nacional, desde octubre del año pasado no paga a los prestadores. Nuestra obra social, Oser, también viene con una demora desde noviembre o diciembre del año pasado", detalló.
Familias sin acceso a las terapias
La presidenta de NeuroCEA sostuvo que la falta de financiamiento repercute directamente sobre las familias, muchas de las cuales ya no pueden afrontar el costo de los tratamientos.
"Venimos atravesando una situación muy crítica porque las personas con discapacidad se están quedando sin los apoyos necesarios. Hay que tener en cuenta también que muchas familias perdieron su trabajo. Entonces, quienes tenían sus terapias quedaron por fuera del sistema y tienen que atenderse en el sector público o pagar las consultas de manera particular", explicó.
Para Méndez, el escenario resulta cada vez más difícil de sostener.
"La situación económica es insostenible para las familias. Es crítica, es triste y es dolorosa porque nadie se hace responsable. Ni el Ministerio de Salud de la Nación, con Lugones, ni tampoco acá en la provincia dan respuestas. Se va haciendo una pelota cada vez más grande y las familias ya no pueden sostener ningún tipo de terapia para sus hijos", lamentó.
"Los profesionales sostienen como pueden"
Consultada sobre el estado de la ley y las prestaciones, Méndez indicó que la actualización del nomenclador nacional quedó muy por debajo de los costos reales que enfrentan los profesionales.
"La ley se encuentra en la misma instancia que el año pasado. Más allá de que el nomenclador de la Superintendencia de Salud se actualizó, quedó muy por debajo de lo estimado por los colegios de Psicología, Psicopedagogía y demás", afirmó.
También destacó el compromiso de muchos prestadores que continúan atendiendo pese a las dificultades económicas.
"Muchas veces los profesionales se encariñan muchísimo con las personas, sobre todo con los niños que son quienes más apoyos necesitan. Los siguen sosteniendo, pero llega un punto en que la situación ya no da para más y tienen que salir a buscar otras maneras de sostener también a sus propias familias", expresó.
Y agregó: "Esto es cada vez peor. No hay respuestas de nada. La ley sigue en el mismo lugar y, después de tanto luchar, necesitamos una mano para poder seguir en esta lucha".
Pensiones y auditorías
Durante la entrevista, Méndez también se refirió a la reforma del sistema de pensiones por discapacidad y a las auditorías impulsadas por el Gobierno nacional.
En ese sentido, consideró importante aclarar un aspecto que suele generar confusión.
"Hay que decirle a la gente que no todas las personas con discapacidad cobran una pensión. La reciben solamente quienes no tienen acceso a una obra social. Quienes tienen una obra social sindical, nacional o provincial no perciben esa pensión", explicó.
Asimismo, señaló que desde hace más de dos años prácticamente no se otorgan nuevos beneficios.
"Hace más de dos años que no salen pensiones para personas con discapacidad. No se las otorgan por las auditorías o por distintos motivos que no tienen nada que ver", aseguró.
"No queremos volver a estigmatizar"
Por último, la presidenta de NeuroCEA Entre Ríos expresó preocupación por la posibilidad de que vuelvan a realizarse auditorías presenciales similares a las del año pasado.
Recordó que durante esos controles hubo situaciones que generaron fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones.
"Fue muy triste ver y escuchar a familias contar que a personas a las que les faltaba una extremidad les pedían que se levantaran de la silla de ruedas. Ahora quieren volver a implementar una nueva auditoría y creo que no es necesario volver a estigmatizar ni hacer pasar por esas situaciones a las personas con discapacidad y a sus familias. Hay otras formas de auditar y espero que, si se vuelve a hacer en Entre Ríos, el Instituto Provincial de Discapacidad revea la manera de simplificar esos procesos", concluyó.
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