Una investigación periodística reveló denuncias, causas judiciales y presuntas irregularidades vinculadas a la actividad cinegética en Corrientes. También se analizan posibles maniobras para exportar trofeos de caza.
La actividad vinculada al turismo cinegético en Corrientes quedó bajo observación tras una investigación que expuso sospechas de contrabando de fauna, presuntas irregularidades en la emisión de permisos de caza y el rol de un inspector provincial señalado por distintos actores del sector.
Según se informó, la organización internacional Freeland International, dedicada a investigar redes de tráfico de fauna silvestre, recibió en enero una alerta relacionada con viajes de caza deportiva organizados por influencers y cazadores extranjeros hacia la localidad correntina de Sauce, uno de los principales centros de turismo cinegético de la provincia, publicó La Nación.
La información recopilada indicaba que estos operadores promocionaban excursiones para cazadores internacionales y afirmaban contar con la colaboración de un inspector local de vida silvestre para facilitar la exportación de animales cazados como trofeos hacia distintos países.
La investigación y las sospechas
A partir de esos datos, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) abrió una carpeta de investigación luego de un informe elaborado por la Policía Federal Argentina. El objetivo fue determinar si existían maniobras de contrabando vinculadas a la actividad cinegética (caza deportiva) y si había funcionarios involucrados.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue que Sauce no cuenta con habilitaciones para exportar trofeos de caza al exterior, un requisito indispensable para concretar ese tipo de operaciones.
En ese contexto apareció mencionado Diego Miguel Ruiz Díaz, inspector ad honorem de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales. Diversas fuentes vinculadas al turismo cinegético y organismos estatales lo señalaron como una figura clave dentro del presunto esquema investigado.
Acusaciones y causas judiciales
Ruiz Díaz rechazó las acusaciones y sostuvo que muchas de las denuncias responden a conflictos con sectores vinculados a la caza furtiva.
De acuerdo con información judicial citada en la investigación, entre 2022 y 2025 acumuló nueve causas que incluyen denuncias por abuso de autoridad, detenciones injustificadas, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves, depositario infiel y asociación ilícita. Varias de ellas continúan en trámite.
Desde la Dirección de Recursos Naturales minimizaron las denuncias y aseguraron que forman parte de cuestionamientos impulsados por personas afectadas por controles y procedimientos realizados en la zona.
Permisos, trofeos y conflictos en el sector
La investigación también puso bajo análisis el funcionamiento del sistema de permisos para la actividad cinegética y el manejo de productos derivados de la fauna silvestre.
Uno de los expedientes más relevantes estuvo relacionado con el secuestro de más de 580 kilogramos de astas de ciervo axis ocurrido en 2021, que tenían como destino final China y que, según fuentes del sector, estarían valuadas en alrededor de US$ 5000.
Según declaraciones incorporadas a la causa, parte del material decomisado habría sido posteriormente comercializado, aunque el inspector fue absuelto por falta de pruebas.
Asimismo, empresarios y operadores del sector denunciaron presuntos pedidos de beneficios económicos para facilitar autorizaciones o actividades vinculadas a la caza deportiva. Ruiz Díaz negó esas acusaciones y afirmó que las críticas son consecuencia de su tarea de control.
Bajo análisis judicial
Mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas, la investigación abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los controles vinculados a la fauna silvestre, la actividad de los cotos de caza y la eventual existencia de circuitos destinados a la exportación irregular de trofeos.
Las autoridades provinciales defendieron el accionar de sus inspectores y remarcaron que los procedimientos se desarrollan dentro del marco legal vigente. Sin embargo, las denuncias y las causas en trámite mantienen la atención sobre un sector que mueve importantes recursos económicos y que ahora también enfrenta cuestionamientos vinculados a la protección de la fauna y el cumplimiento de la normativa ambiental.
