El aumento de la mora en el sistema financiero argentino impulsó la presentación de cerca de 30 proyectos de ley en el Congreso nacional orientados a asistir a personas endeudadas y modificar las reglas vinculadas al crédito y la protección de consumidores.
El aumento de la mora en el sistema financiero argentino impulsó la presentación de cerca de 30 proyectos de ley en el Congreso nacional orientados a asistir a personas endeudadas y modificar las reglas vinculadas al crédito y la protección de consumidores.
Las iniciativas fueron promovidas por legisladores de distintos espacios políticos y surgieron en medio de un deterioro sostenido en los índices de pago de créditos personales, tarjetas y otros productos financieros. El escenario generó preocupación en las entidades bancarias, que advirtieron sobre el impacto que una mayor regulación podría tener sobre el sistema crediticio, publicó Infobae.
Entre los proyectos presentados figura el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, impulsado por la diputada Gabriela Estévez. También promovieron iniciativas los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio.
Las propuestas legislativas incluyen mecanismos de refinanciación, quitas parciales de intereses, suspensión de embargos y la posibilidad de eliminar antecedentes negativos de los registros crediticios una vez canceladas las obligaciones. Además, plantean procedimientos administrativos gratuitos y medidas de protección para sectores vulnerables.
Uno de los conceptos que se repite en los distintos textos es el de “esfuerzo compartido”, mediante el cual tanto deudores como acreedores asumirían parte del costo de la reestructuración. En algunos casos, incluso se contempla la posibilidad de que un juez disponga reducciones en capital o intereses cuando considere que existió un otorgamiento irresponsable de crédito.
Los proyectos también buscan fijar límites objetivos al nivel de endeudamiento. Entre las medidas propuestas figura impedir que el pago de obligaciones supere el 30% de los ingresos familiares y exigir a bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago antes de otorgar nuevos préstamos.
En paralelo, se establece que el financiamiento de los programas no recaería sobre el Estado, sino sobre las propias entidades financieras, que deberían absorber el impacto mediante previsiones contables y fondos internos destinados a regularizar deudas.
Desde el sector bancario cuestionaron las iniciativas. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, sostuvo que “todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito” y aseguró que las entidades ya comenzaron a implementar programas de refinanciación para clientes con dificultades de pago.
Según indicó Cesario, gran parte de las deudas en mora corresponden a créditos otorgados hace más de un año. Además, afirmó que numerosos clientes ya fueron contactados para acceder a refinanciaciones con tasas cercanas a la inflación.
En tanto, desde el Gobierno nacional señalaron que la problemática debe ser resuelta por el sector financiero. El presidente Javier Milei sostuvo en una entrevista periodística que “para eso trabajan de bancos”, al referirse a la responsabilidad de las entidades frente al crecimiento del sobreendeudamiento.
Mientras el Congreso debate posibles cambios normativos, los bancos buscan acelerar acuerdos privados con sus clientes para evitar que una futura legislación establezca mecanismos obligatorios que, según advierten, podrían afectar la rentabilidad y reducir la oferta de crédito.
