Con un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno nacional impulsa una profunda reestructuración de la SIDE, que unifica organismos, redefine funciones y habilita nuevas atribuciones bajo mayores controles.
El Gobierno nacional decidió avanzar con una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que redefine la estructura y las atribuciones de la SIDE, organismo que continuará como eje central del esquema de espionaje estatal. La norma, firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, será publicada en los próximos días y modifica puntos clave de la ley de inteligencia vigente.
Según fuentes oficiales, el objetivo del decreto es “modernizar, ordenar y legitimar” el Sistema de Inteligencia Nacional, adaptándolo a amenazas contemporáneas y sometiéndolo a mayores controles institucionales. En ese marco, se amplían las competencias de la SIDE, que podrá requerir información a otros organismos del Estado, coordinar acciones con provincias y brindar su propia seguridad operativa.
Uno de los aspectos más relevantes del DNU es que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes. Desde el Ejecutivo aclaran que esta atribución no implica una función policial permanente, sino una facultad excepcional en el marco de tareas de inteligencia.
Reordenamiento del sistema de inteligencia
El decreto introduce definiciones que no estaban explícitas en la normativa anterior, como la caracterización de la inteligencia como una actividad de naturaleza reservada. En ese sentido, se establece que todas las tareas del sector tienen carácter encubierto debido a su sensibilidad y a la necesidad de minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”.
También se redefine el concepto de contrainteligencia, que pasa a abarcar acciones destinadas a prevenir infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje, sabotajes o injerencias externas que puedan afectar el orden constitucional y los intereses estratégicos del país.
En cuanto a la estructura, la SIDE se mantiene como organismo rector, pero se reorganizan varias dependencias. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), mientras que la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con un enfoque específico en el ámbito digital.
Nuevos organismos y coordinación interinstitucional
El DNU también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la planificación y supervisión de políticas destinadas a proteger el ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos del Estado.
Para su funcionamiento, se transferirán bienes, personal y recursos que anteriormente estaban asignados a áreas de ciberseguridad. Además, se establecen dos nuevos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integrará a organismos de espionaje, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; y la Comunidad Informativa Nacional, que reunirá a dependencias estatales con capacidad de generar información estratégica.
Ambos espacios funcionarán bajo la conducción de la SIDE, que definirá los procedimientos técnicos para el intercambio de datos y la cooperación permanente entre organismos.
Facultades ampliadas y controles
Otro punto destacado del decreto es la habilitación para que los organismos de inteligencia puedan proveer su propia seguridad y repeler agresiones contra sus instalaciones, bienes o personal. Asimismo, se formaliza la posibilidad de solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y fuerzas federales, sin superposición de funciones, según información de Infobae.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a eliminar duplicaciones, mejorar la integración con los subsistemas criminal, militar y financiero y fortalecer la confianza ciudadana mediante mayores controles legales, presupuestarios y técnicos.
Finalmente, las autoridades subrayan que, pese a la ampliación de atribuciones, la SIDE no asume tareas policiales ni judiciales, sino que continuará produciendo inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en un esquema que —afirman— busca mayor eficiencia, transparencia y control institucional.
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