El juez Ernesto Kreplak dictó prisión preventiva y embargo millonario contra García Furfaro. También procesó a familiares y directivos de HLB y Ramallo en la causa.
La Justicia Federal avanzó en la causa por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes en hospitales de cinco provincias. El juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, procesó al empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y ordenó su prisión preventiva, además de un embargo por un billón de pesos como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y penales.
El magistrado lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas”, en concurso real con otros delitos vinculados a la salud pública.
Junto a García Furfaro también fueron procesados su madre, Nilda, y su hermano Diego Hernán García, quienes quedaron con prisión preventiva, inhibición de bienes y un embargo de hasta $500.000 millones cada uno.
En cambio, otro de los hermanos, Damián García Furfaro, fue beneficiado con falta de mérito y recuperó la libertad, aunque deberá comparecer mensualmente ante la Policía Federal, tiene prohibido salir del país y quedó con sus bienes inhibidos.
Otros imputados en la causa
El juez dispuso la falta de mérito para el presidente de Laboratorios Ramallo, Horacio Antonio Tallarico; el director suplente, Rodolfo Antonio Labrusciano; y el director técnico, Víctor Pablo Boccaccio. Todos quedaron bajo restricciones, con bienes inhibidos y prohibición de salir del país.
Por el contrario, Javier Tchukrán, director de Manufactura de HLB, y los directores técnicos José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi fueron procesados con prisión preventiva. Los embargos en estos casos alcanzan entre $100.000 y $500.000 millones.
Procesamientos sin prisión preventiva
Entre los empleados de Laboratorios Ramallo que quedaron procesados pero excarcelados se encuentran la gerenta de Gestión de Calidad, María Victoria García; el jefe de Control de Calidad, Wilson Pons; y la subjefa del área, Adriana Iúdica, quien fue señalada por irregularidades en los protocolos de análisis de los lotes contaminados. Los embargos en estos casos oscilan entre $50.000 y $100.000 millones.
También quedaron procesadas Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay, ambas de Control de Calidad, además de los responsables de Producción, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk.
Impacto del caso y reclamos
La investigación, que comenzó tras las denuncias de muertes en hospitales por la aplicación de fentanilo contaminado, determinó que al menos 127 pacientes recibieron ampollas adulteradas, de los cuales 96 fallecieron.
Las familias de las víctimas exigen justicia y acompañan la investigación judicial. El Congreso conformó una comisión investigadora y el Instituto Malbrán aportó informes técnicos que señalaron deficiencias graves en las prácticas de manufactura de HLB y Ramallo.
La causa sigue en curso y podría ampliarse a otros imputados en los próximos meses. (Con información de Clarín)
