REDACCIÓN ELONCE
Un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual agravado y corrupción de menores en Federación. El juez le impuso 16 años de prisión. El imputado seguirá detenido en la Unidad Penal N° 3 de Concordia hasta que la sentencia quede firme.
Un hombre identificado como G.P.D. fue condenado a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La sentencia fue dictada este martes por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, luego de que un jurado popular lo declarara culpable el pasado 1 de agosto en la ciudad de Federación.
El desarrollo del juicio
El caso fue tramitado en el legajo “G.P.D. s/Abuso sexual con acceso carnal” y el debate oral se llevó adelante en el Salón de la Democracia del Centro Cívico de Federación. Las audiencias se extendieron durante tres jornadas y se realizaron a puertas cerradas, en resguardo de la intimidad de las víctimas al tratarse de delitos contra la integridad sexual.
El jurado popular lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente, reiterado, y corrupción de menores (varios hechos)”.
Los pedidos de las partes
Durante la audiencia de cesura, celebrada el 11 de agosto en los Tribunales de Concordia, la fiscal Luciana Musulotis solicitó una condena de 26 años de prisión, pedido al que adhirieron tanto el Ministerio Pupilar, representado por José María Giorgio, como la querellante particular, Celeste Lorenz.
En tanto, el defensor oficial Joaquín Garaycoechea planteó que correspondía una pena de ocho años. Finalmente, el juez Lafourcade impuso 16 años de prisión efectiva.
El cumplimiento de la pena
El condenado permanecerá alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia, donde fue notificado de la sentencia, hasta que la misma adquiera firmeza.
Este proceso se trató del juicio por jurados número 134 realizado en Entre Ríos, desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal, que sigue consolidándose en la provincia como una herramienta de participación ciudadana en la administración de justicia.
