La Policía allanó la casa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una causa que investiga supuestos sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina. Spagnuolo fue encontrado en Pilar, le secuestraron su celular, una computadora y documentación para ser peritada.
La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por orden de la justicia federal se le secuestró el celular en la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina. Informaron que la fuerza de seguridad continuó con los allanamientos luego que los que se hicieron en la madrugada en los domicilios registrados a nombre del ex funcionario no fue encontrado.
Pero la investigación continuó y este mediodía personal de la Policía de la ciudad llegó a country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.
El procedimiento formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. Ayer a la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.
Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior había dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y el empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.
Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.
El hecho se conoció a través del programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamento y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.
Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
El gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios. En la causa judicial, el fiscal Picardi pidió distintos allanamientos a organismos y domiciliarios particulares. ANDIS y la droguería Suizo Argentina fueron allanadas por la Policía de la ciudad y se secuestró documentación y computadoras y aparatos tecnológicos que serán peritados.
También se dispusieron allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker. En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 200 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.
El escándalo de las coimas
El Gobierno nacional enfrentó el miércoles una fuerte crisis interna a raíz de la difusión de audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Finalmente, el presidente Javier Milei decidió desplazar de manera “preventiva” a Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del mandatario, quien estaba al frente del organismo.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través del decreto 599/2025, que también dispuso la remoción de Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, designará un interventor en la Andis.
En las grabaciones, que circularon en redes sociales y medios digitales, se alude al presunto cobro de sobornos a laboratorios que proveen medicamentos al organismo y se menciona a referentes cercanos al oficialismo, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Aunque Spagnuolo evitó confirmar o desmentir si es su voz la que aparece en los audios, el escándalo generó un fuerte ruido dentro de la Casa Rosada.
Spagnuolo no respondió a las consultas respecto de si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaban por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmentían.
Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, dijo que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió (y que parece grabada a escondidas en un ámbito público, como un restaurante). Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró. Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presente su renuncia y luego procedió a echarlo.
El episodio también tuvo repercusión en el Congreso, donde legisladores opositores reclamaron explicaciones al Gobierno durante la sesión en la que se trató la ley de emergencia en discapacidad. Leandro Santoro (UP) pidió explicaciones y también Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre) hicieron referencia al presunto escándalo. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py para que los audios sean investigados, causa que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
El caso estalló en un contexto delicado para el sector de la discapacidad, con reclamos por la actualización de aranceles y la falta de respuestas oficiales en la órbita de Salud en general. En Diputados, el oficialismo estuvo lejos de frenar la embestida opositora para salvar la ley de emergencia en Discapacidad: inclusive dos diputados de La Libertad Avanza (LLA) como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro votaron en contra del veto presidencial. También colaboraron con la oposición Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, legisladores que ganaron sus bancas como parte de la boleta de LLA en 2023 y que luego se pelearon con Martín Menem y conformaron su propio bloque.
Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que evalúa un aumento en las prestaciones, aunque supeditado a un proceso de revisión de pensiones por invalidez. Con la crisis que se agrava mes a mes en el sector de la discapacidad por la desactualización de los aranceles para los prestadores del sistema, el Gobierno hizo un gesto anticipatorio para tratar de retomar la iniciativa antes del revés legislativo y del papelón por los audios. Publicó un tuit oficial en el que anunció que el Poder Ejecutivo “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
En el Gobierno admiten que no reasignarán partidas si antes no se verifica un ahorro mediante la suspensión de pensiones por invalidez presuntamente mal otorgadas, un proceso que arrancó en marzo y que viene más lento de lo esperado.
Quien estaba a cargo de esa auditoría sobre las pensiones por invalidez es la Andis, el área que quedó bajo la lupa por los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo. El exfuncionario es un abogado sin antecedentes en el mundo de la discapacidad que en el pasado patrocinó a Milei en expedientes del fuero civil y fue designado en su cargo -que administra una caja importantísima- por la confianza que tenía con el Presidente. De acuerdo a los registros oficiales, es una de las personas con más ingresos a la quinta de Olivos.
En los supuestos audios, Spagnuolo apuntaría a funcionarios que están debajo suyo y que responderían políticamente a “Lule” Menem. En los corrillos gubernamentales señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, como un funcionario que reportaría al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. La Andis es un organismo descentralizado cuyo control tutelar está en manos del Ministerio de Salud, a cargo de Lugones, otro de los funcionarios que por estas horas está bajo presión por el rol que tuvo la Anmat en la trama del fentanilo contaminado. (Con información de Infobae y La Nación)
