Tras un fallo de la Corte Suprema que benefició a un sacerdote condenado por abuso, el ministro de Justicia anunció que propondrán una reforma en el nuevo Código Penal.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, impulsa una reforma legal para declarar "imprescriptibles" los delitos sexuales. La iniciativa surge luego de que la Corte Suprema de Justicia absolviera al sacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 por abuso de menores.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se pronunció públicamente sobre el tema a través de sus redes sociales, donde sostuvo: "Los delitos sexuales NO deberían prescribir".
La declaración fue en respuesta al reciente fallo del Máximo Tribunal, que dejó sin efecto la condena a Ilarraz, quien había sido sentenciado a 25 años de prisión y expulsado de la Iglesia por orden del Papa Francisco.
El caso Ilarraz y la prescripción
El sacerdote había sido hallado culpable por abusos cometidos contra siete adolescentes entre 1988 y 1992, cuando se desempeñaba como prefecto de disciplina en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, en la ciudad de Paraná.
A pesar de la gravedad de los hechos y del proceso judicial que culminó en una condena, la Corte consideró que los delitos ya estaban prescriptos en el momento en que se radicó la primera denuncia formal, en el año 2012.
Según el fallo, el plazo de prescripción venció siete años antes de la presentación de la denuncia, lo que dejó sin efecto la pena impuesta al sacerdote.
Propuesta de reforma en el Código Penal
Ante este escenario, el ministro Cúneo Libarona anunció que el Gobierno planea introducir una modificación clave en el marco jurídico argentino: "Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales".
La medida busca impedir que crímenes sexuales graves queden impunes por el paso del tiempo, especialmente en casos donde las víctimas se animan a denunciar años después, como suele ocurrir en este tipo de hechos.
El debate se instala en un momento de alta sensibilidad social y promete generar controversia tanto en el ámbito judicial como legislativo. (Clarín)
