Posibles reformas en juicios por jurados: “El proyecto va a ser inconstitucional si se transforma en ley”, dijo juez Garzón

Se debate una reforma que busca limitar el uso obligatorio del juicio por jurados, aplicándolo sólo a delitos cuya pena máxima supere los 20 años. Hoy, el sistema se aplica a todos los delitos con penas de 20 años o más. El argumento es reducir las demoras del sistema y evitar que causas graves esperen años para llegar a juicio.

Del otro lado, hay quienes alertan que esto significa menos participación ciudadana y un retroceso frente al espíritu constitucional del juicio por jurados. Además, advierten que delitos graves como abusos sexuales o tentativas de homicidio podrían quedar fuera de este mecanismo.

¿Puede esta reforma ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema sin afectar su esencia participativa?

El tema fue debatido en El Ventilador, de Elonce.

Elvio Garzón, juez de Garantías de Paraná y delegado de la filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, explicó que “el sistema de juicios por jurados en la provincia ha superado las expectativas que teníamos al comienzo. Todos aquellos docentes que en su momento nos capacitaron y nos guiaron en este camino de administración de justicia de la sociedad se vieron concretadas en cada juicio que se hizo. Al día de hoy se hicieron 128 juicios por jurados en Entre Ríos y vemos cómo la sociedad día a día ha tomado esa responsabilidad de administrar justicia, en este caso a la provincia de Entre Ríos, en el ámbito penal”.

Comentó que “hay funcionarios que ocupan lugares de importancia, como el Procurador General, que públicamente ha manifestado su oposición a este sistema de juicio por jurados. Otros colegas, fuera del ámbito del Poder Judicial también. Ante lo nuevo se tiene algún tipo de temor sobre qué va a pasar. A esto lo experimentamos cuando entró en vigencia el sistema acusatorio. El tema acá es que el poder que tiene el Poder Judicial pasa al poder que encabeza la sociedad”.

Dijo que el proyecto de reforma “conculca el artículo 118 de la Constitución Nacional, que de manera contundente dice que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados. Es una obligación. El proyecto va a ser inconstitucional si se transforma en ley”.

Admitió que “hay demoras” porque “hay un cuello de botella que lo ha generado el mismo Poder Judicial, en colaboración por ahí con algunos auxiliares de justicia”.

El sistema de juicios por jurados “es el sistema más imparcial y transparente que puede haber de juzgamiento en cualquier lugar del mundo. En Entre Ríos, para ser elegido jurado, primero tiene que ser sorteado por el IAFAS de acuerdo a los últimos tres números del documento. También se hace una depuración del padrón en base a incompatibilidades o inhabilidades que la ley prevé. Además, para el caso concreto del juicio, se hace una audiencia que es fundamental, a tal punto que se dice que es una audiencia dentro del juicio porque ahí se eligen los jurados que van a participar en el caso concreto. Los eligen las partes, que tienen que estar muy bien preparadas, tienen que saber cuál es la teoría del caso, es decir, la visión que cada una de las partes tiene del hecho que se va a juzgar. Todos los jurados llenan una declaración jurada. Todas las partes pueden llenar un formulario con preguntas para que los potenciales jurados respondan, siempre respetando el anonimato. Si por ejemplo entre el jurado hay una víctima por violencia de género y el juicio es por violencia de género, las partes lo saben y esa persona se aparta. La selección del jurado es lo más transparente”.

Explicó que la ley estableció que la manera de retribución para los jurados “era tomando la base de los juristas, que es la unidad arancelaria que tomamos los jueces cuando regulamos los honorarios. El año pasado se reformó la Ley del Colegio de la Abogacía de honorarios y el jurista, que estaba en 9800 pesos pasó a 55 mil pesos. Esto dignifica la profesión. Ahora el jurista está en 62 mil pesos, por eso se va a 128 mil pesos. No obstante, como lo indica la ley, el ser jurado es una carga pública. ¿Cuál es la esencia de la carga pública? la gratuidad. Sin embargo, la ley acá prevé que se les otorgue una remuneración. El Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía llevó a la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados un proyecto superador a este que se debate ahora, modificando solamente el artículo 46. La propuesta establecía que sea el Poder Ejecutivo, que es el que está en mejores condiciones de saber cuáles son los ingresos, egresos y cuestiones presupuestarias, que establezca el monto a pagar a cada jurado. Monto que podía ser revisado cada seis meses. Pero ahora en el nuevo proyecto se cambió al jurista por el JUS, que tiene un valor de 19.500 pesos, por eso se modificó el tema de la retribución. Insisto, lo económico no puede ser argumento para violar la Constitución Nacional”.

“El Superior Tribunal de Justicia, si hubiese querido, puede, por acordada, cambiar la retribución que se le paga al jurado. El STJ por acordada ha modificado leyes. Hace dos años, el Código Procesal Penal establece claramente que los juicios abreviados cuya pena sea acordada inferior a 10 años, se realiza ante jueces de Garantía. Si la pena es superior, es ante jueces del Tribunal de Juicios. Por acordada, el STJ resolvió que todos los juicios abreviados vayan a ser juzgados frente a Tribunal de Juicios”, dijo.

Indicó que “estoy a favor de que los juicios de delitos de abuso sexual sean juzgados por un jurado popular. Una de las cosas que se argumenta es la revictimización, sobre todo se habla de revictimización en ciudades chicas, de pocos habitantes. En Rosario del Tala, donde hay alrededor de 16 mil habitantes, hubo un juicio por abuso sexual en el cual el jurado popular declaró culpable a un reconocido abogado. El juez técnico le dio más de 20 años. No hubo inconveniente”.

“En todas las provincias se tiende a ampliar la competencia, pero en Entre Ríos con esta ley, sería la primera provincia conocida por restringir derechos y cercenar la participación ciudadana en la administración de justicia penal. Beneficia a los que no quieren perder el poder. La ley vigente fue votada por unanimidad”, finalizó. Elonce.com