El Gobierno anunció que los empleados que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados. El alcance de la normativa comprende a toda la estructura del Sector Público Nacional.
El Gobierno nacional anunció que los empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre de 2025. La medida apunta a aumentar la eficiencia en las contrataciones del personal estatal y fue oficializada mediante la Resolución 48/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el nuevo requisito comenzará a regir desde el 1° de julio de 2025. “Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24″, fijaron en el artículo 1° del documento.
El alcance de la normativa comprende a toda la estructura del Sector Público Nacional: administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, entes autárquicos y fondos fiduciarios. El objetivo es unificar criterios de idoneidad para todos los empleados y colaboradores que prestan funciones bajo la órbita estatal.
Los contratos de quienes no aprobaron serán anulados
De esta manera, los empleados que no hayan superado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias ya no podrán ser contratados como funcionarios y/o colaboradores a partir del segundo semestre. Incluso, en caso de que contaran con contratos firmados con fecha posterior al 30 de junio, estos serán anulados al entrar en vigencia la nueva resolución.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional instó a los representantes estatales en empresas y organismos en los que el Estado tenga participación mayoritaria a replicar la política, con el objetivo de extender la lógica de eficiencia y profesionalización a todo el aparato público y paraestatal.
La resolución responde a una visión que promueve "alinear las contrataciones con un estándar de competencias, en un esfuerzo por optimizar el funcionamiento y la transformación del Estado". Según argumentaron desde el ministerio, con esta implementación se busca asegurar que “los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo”.
El 95% de los trabajadores evaluados aprobó
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, un total de 40.000 trabajadores de la planta transitoria participaron de la evaluación de competencias a finales de 2024. La mayoría cumplió con los requisitos exigidos: “para mediados de diciembre, Sturzenegger había informado que el 95% de quienes presentaron la prueba aprobaron”.
Para aquellos que aún no habían sido evaluados, el Gobierno prorrogó sus contratos hasta el 31 de marzo de este año. Esto permitió completar el proceso de evaluación antes de decidir sobre las desvinculaciones. A lo largo del primer semestre de 2025, se concluyeron las evaluaciones restantes, con contenidos diferenciados según el área funcional: servicios generales, administrativos y profesionales.
La prueba, de carácter obligatorio, duraba una hora y se respondía mediante computadoras o tablets en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el centro de Buenos Aires. Los empleados contaban con tres oportunidades para aprobar el examen, cuyo contenido estaba disponible con anticipación en la página oficial del ministerio, incluyendo ejemplos de preguntas. (Con información de Infobae)
