Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, la UBA comunicó que iniciará acciones judiciales para que la administración nacional asigne de forma los recursos necesarios.
Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que iniciará acciones judiciales para que la administración nacional asigne de forma los recursos necesarios y cumpla con su ejecución.
Pese a que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.795, en el mismo Decreto 759/2025 ordenó frenar su aplicación hasta tanto el Congreso determine de dónde saldrán las partidas para su implementación, amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629, que indica que toda norma que autorice o disponga gastos "deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos".
La ley establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones oficiales, demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
En este marco, el Consejo Superior de la UBA resolvió avanzar con medidas para que se garantice “el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
De acuerdo a la resolución de la UBA, el decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".
Además, consideran que implica "la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La UBA advirtió sobre una "crisis presupuestaria sin precedentes"
En un comunicado, la UBA denunció que el sistema universitario, y en particular dicha casa de estudios, enfrenta "una crisis presupuestaria sin precedentes". "Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%", criticaron.
Durante el año 2025, la recomposición salarial "ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC", lo cual ha profundizado aún más dicha pérdida, según señalan las autoridades de la prestigiosa universidad nacional.
En este marco, la ley aprobada por el Congreso, sostenida por ambas cámaras ante el veto de Javier Milei, tiene por objeto "garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes", afirman, por lo que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
Además, la normativa prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas, aspecto que también es crucial para el normal funcionamiento de la UBA y del resto de las universidades nacionales.
Para finalizar, el Consejo Superior, advirtió: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. (Ámbito)
