El Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley 26.879 y dispuso que el Ministerio de Seguridad administre el Registro Nacional de Datos Genéticos. La prioridad será el ingreso de perfiles vinculados a homicidios, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
El Gobierno nacional oficializó un cambio sustancial en la política criminal argentina al reglamentar la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. La medida fue aprobada mediante el Decreto 709/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La principal novedad es que la administración del registro pasa del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, que será ahora la autoridad de aplicación. La transferencia incluye toda la base de datos existente y amplía el alcance del sistema hacia un mayor número de delitos graves.
El ADN como herramienta central
El decreto sostiene que la individualización genética es “la herramienta más eficaz y certera” para la identificación criminal, y resulta clave en el esclarecimiento de causas judiciales, la vinculación de presuntos autores y la exclusión de personas inocentes.
La reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados. También se contempla su uso en la identificación de personas desaparecidas o fallecidas, y en la discriminación de huellas de personal que interviene en escenas delictivas.
Seguridad y confidencialidad
El decreto enfatiza que el almacenamiento y tratamiento de los datos deberá realizarse bajo estricto secreto y confidencialidad, en cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y los convenios internacionales suscriptos por Argentina.
La normativa dispone que los perfiles genéticos se guarden en una base separada de la información filiatoria de los aportantes y que se registre la trazabilidad de los funcionarios que accedan al sistema.
Asimismo, se aclara que los perfiles genéticos serán eliminados si la situación procesal no se resuelve en tres años o si una resolución judicial desvincula a la persona de la causa.
Coordinación federal y control
La medida busca reforzar la coordinación entre jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la interoperabilidad con registros locales y la utilización de laboratorios acreditados bajo normas ISO.
Se prevé además la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que tendrá la tarea de coordinar, asesorar y supervisar la implementación del registro, además de intervenir en el concurso público para designar al director titular. Hasta tanto, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con formación en genética forense.
Un marco renovado
La nueva reglamentación reemplaza a la de 2017, con el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante altos estándares de seguridad, confidencialidad y coordinación federal”. (Infobae)
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