El Senado sancionó la ley con 40 votos a favor y 26 en contra, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos. La norma extiende el plan de desarme hasta diciembre del próximo año e incorpora modificaciones para agilizar los trámites de tenencia legal de armas-
El Senado de la Nación aprobó este jueves la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027, junto con modificaciones destinadas a agilizar los procesos de regularización de la tenencia legal.
La iniciativa fue sancionada con 40 votos afirmativos y 26 negativos durante la votación en general, en una sesión atravesada por tensiones entre el oficialismo y sectores de la oposición, especialmente el kirchnerismo, que calificó la medida como “peligrosa”.
El nuevo marco legal no solo extiende el sistema de cesión voluntaria de armas —vigente desde hace años en distintas gestiones—, sino que también incorpora cambios administrativos para simplificar los trámites de registro y control.
La discusión en el Senado
Durante el debate, desde la oposición se cuestionó la política del Gobierno en materia de acceso a armas, particularmente por la flexibilización en la edad mínima para la tenencia, que permitió incorporar a usuarios de entre 18 y 21 años. El oficialismo rechazó las críticas y defendió la continuidad del programa como una herramienta de ordenamiento y control.
La discusión fue cerrada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el régimen de desarme tiene antecedentes en gobiernos anteriores y apuntó contra gestiones previas por no haber garantizado su continuidad en tiempo y forma.
En la misma sesión, el Senado también avanzó con otros temas, como la aprobación de acuerdos internacionales, la validación de cargos judiciales y el ingreso de nuevos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que serán analizados en comisión en las próximas semanas.
El debate sobre armas volvió a poner en evidencia las diferencias políticas en torno a la seguridad pública, en un contexto donde el Gobierno busca reforzar su agenda de control y regularización, mientras la oposición advierte sobre posibles riesgos en la flexibilización del acceso.
