La Fiscalía de Rosario recibió diez denuncias contra Motorsport y ordenó allanar sus oficinas. Clientes habían entregado vehículos y dinero con la promesa de recibir otras unidades.
La Justicia de Rosario abrió una investigación por presuntas estafas contra una agencia de autos que tendría más de 100 entregas de vehículos pendientes. La causa se inició luego de que la Fiscalía recibiera diez denuncias contra responsables de una firma ubicada en la zona sur de la ciudad santafesina.
La investigación penal avanzó en paralelo con la situación financiera de la empresa, que solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores ante los reiterados incumplimientos en las operaciones acordadas con sus clientes.
A partir de las denuncias recibidas, la Fiscalía Regional Segunda solicitó un allanamiento en las oficinas de la agencia, ubicadas sobre avenida San Martín al 2600, cerca de bulevar 27 de Febrero.
Allanaron la agencia y buscaron documentación
El fiscal Iván Enríquez solicitó el procedimiento con el objetivo de obtener elementos que permitan avanzar sobre las denuncias presentadas por los compradores.
Durante el operativo se buscó documentación relacionada con las operaciones comerciales de la firma y se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis. También se ordenó realizar un inventario de los vehículos que permanecían dentro de la agencia.
La empresa continuaba funcionando pese a las dificultades financieras y los reclamos. Hasta la semana anterior mantenía publicaciones de vehículos usados de diferentes marcas y continuaba atendiendo al público.
Clientes entregaron sus autos y todavía esperan los nuevos
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la modalidad utilizada en las operaciones. La agencia recibía vehículos usados y, en determinados casos, una suma adicional de dinero con el compromiso de entregar posteriormente otra unidad.
El abogado Santiago Barbarach, representante de unos 30 compradores afectados, explicó que la firma “venía con atrasos hace varios meses” y señaló que las demoras no correspondían a un modelo específico.
Según explicó, la situación más complicada afecta a quienes entregaron el vehículo que utilizaban como parte de pago y todavía no recibieron la unidad acordada.
La promesa comercial consistía en entregar los nuevos automóviles en un período relativamente corto. Los compradores tenían “un plazo aproximado de 40 días” para recibirlos, indicó el letrado.
Más de 100 operaciones pendientes
Con el paso de los meses, los atrasos se acumularon y la agencia terminó recurriendo a la Justicia para solicitar el concurso preventivo de acreedores.
Barbarach manifestó además su preocupación porque, según sostuvo, los responsables de la empresa no habrían presentado documentación que acreditara las compras realizadas a las terminales para conseguir los vehículos comprometidos.
“Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos”, afirmó el abogado al referirse a la incertidumbre que atraviesan los compradores.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, serían más de 100 los acreedores que eventualmente deberán verificar sus créditos si la Justicia dispone formalmente la apertura del concurso.
La situación de los vehículos entregados
Algunos de los damnificados afrontan una dificultad adicional: los automóviles que dejaron como parte de pago ya habrían sido transferidos a terceros.
“Lamentablemente, mucha gente aportó su vehículo y entregó dinero aparte. Algunas ya tienen hechas las transferencias del usado, o sea que ya está vendido”, explicó Barbarach.
Ante esta situación, los abogados intentan localizar a quienes adquirieron posteriormente esos rodados para reconstruir las operaciones realizadas por la agencia.
“Estamos intentando conseguir a la persona que lo adquirió para que diga quién se lo vendió”, señaló el representante legal de parte de los damnificados.
El concurso preventivo todavía no fue abierto
En el fuero civil, la empresa aguarda una resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº10 de Rosario respecto de su pedido de concurso preventivo de acreedores.
Los responsables de la firma propusieron establecer el estado de cesación de pagos desde junio, aunque la apertura del proceso concursal todavía no había sido declarada formalmente.
En un primer momento, algunos compradores habían enviado cartas documento para exigir el cumplimiento de las operaciones. Sin embargo, la posibilidad de apertura del concurso modificó el escenario judicial. (La Capital)
