La cantidad de armas registradas en Entre Ríos pasó de 2.670 en 2022 a 4.908 durante 2025. Desde la Red Argentina para el Desarme advirtieron sobre la flexibilización de los controles, mientras que desde el Registro Provincial detallaron los requisitos para acceder legalmente a un arma.
La cantidad de armas registradas en Entre Ríos creció casi un 84% en cuatro años, al pasar de 2.670 durante 2022 a 4.908 en 2025. Los datos corresponden al Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y reflejan una marcada aceleración durante el último período relevado.
La evolución fue sostenida, aunque el incremento más pronunciado ocurrió durante 2025. Según información oficial a la que accedió Análisis, en 2022 se registraron 2.670 armas de fuego en territorio entrerriano; en 2023 fueron 2.774 y durante 2024 la cifra ascendió a 3.186.
El mayor salto interanual se produjo entre 2024 y 2025: se incorporaron 1.722 armas al registro, lo que representó un crecimiento superior al 54% en apenas un año. Si se toma como referencia el inicio de la serie, el aumento acumulado fue de aproximadamente 84%.
Advierten por la flexibilización de los controles
Martín Angerosa, integrante de la Red Argentina para el Desarme, vinculó el incremento con cambios implementados en las políticas nacionales relacionadas con el mercado legal. “Más allá que nosotros lo venimos denunciando desde hace años, cuando empezaron a flexibilizarse las políticas de control del mercado legal de armas, vimos que hubo un aumento de las armas circulantes”, expresó a Análisis.
El dirigente hizo especial hincapié en la situación entrerriana y sostuvo: “Lo que sucede específicamente en Entre Ríos, desde 2022 a la fecha, es que casi se duplicaron la cantidad de armas circulando por la provincia. Esto es terrible: prácticamente el doble de armas en cuatro años”.
Angerosa también cuestionó la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su reemplazo por el RENAR. Según afirmó, actualmente existen siete inspectores para fiscalizar más de 500 armerías distribuidas en todo el territorio argentino. “El control es ridículo y es prácticamente inexistente”, manifestó.
El debate sobre el mercado de armas
El integrante de la Red Argentina para el Desarme trabajó durante años en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, iniciativa que comenzó en 2007 con el propósito de reducir la presencia de armas entre civiles y promover una cultura de resolución pacífica de conflictos.
“El mercado de las armas no es un mercado en el que el Estado pueda estar ausente. No es el mercado de las sillas de plástico, sino que es el negocio de la muerte. Acá tenemos gente que participa de dos maneras: los oferentes y los demandantes. Por fuera de eso está la sociedad. Mientras unos ganan plata, otros nos morimos”, afirmó Angerosa.
En ese sentido, agregó: “Si vamos a discutir los conflictos sociales con un arma en la mesa, se está llamando a la tragedia. El arma de fuego solo sirve para matar y hoy estamos duplicando esas posibilidades en Entre Ríos”.
Diferencias entre el mercado legal e ilegal
Angerosa diferenció la problemática de las armas registradas de aquellas que circulan clandestinamente. Consideró que el mercado legal debía permanecer bajo fiscalización estatal, mientras que el circuito ilegal debía ser perseguido mediante la intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad.
Para el dirigente, además del control resulta central avanzar con políticas preventivas orientadas a reducir las muertes vinculadas con armas de fuego. En ese punto mencionó dos herramientas: retirar armamento de circulación e impulsar campañas públicas de concientización sobre los riesgos de mantener armas dentro de los hogares.
“Hay 17 veces más posibilidades que esa arma sea utilizada por algún familiar con depresión. Esa misma arma puede terminar destruyendo a una familia”, afirmó Angerosa al cuestionar la percepción de que disponer de un arma en una vivienda necesariamente incrementa la seguridad.
Cuáles son los requisitos para registrar un arma
Por su parte, el comisario Mariano Degenhardt, subjefe del Registro Provincial de Armas de Entre Ríos, explicó que actualmente los trámites de registración se efectúan de manera digital y detalló las condiciones que deben cumplir quienes pretenden acceder legalmente a un arma.
Entre los requisitos se encuentran ser mayor de 18 años —anteriormente la edad mínima era de 21—, no poseer antecedentes penales, superar una evaluación psicofísica y aprobar una prueba de aptitud de tiro. De acuerdo con lo informado, el costo del trámite es de 20.000 pesos.
“Estadísticamente, las armas más utilizadas en nuestra provincia son las largas, con un porcentaje bastante más alto que las armas cortas. Las más usadas son las carabinas, escopetas o fusiles y el 95 por ciento de los usuarios en Entre Ríos son hombres”, explicó Degenhardt a Análisis.
Casi 14.000 armas fueron enviadas a destrucción
Mientras aumentó el número de registros, Entre Ríos también continuó con el envío de armas para su destrucción. Cada año, cientos de unidades son remitidas a Buenos Aires luego de quedar fuera de circulación por diferentes procedimientos.
En su mayoría, se trata de armas provenientes de Unidades Fiscales de Investigación, la Oficina de Gestión de Audiencias y los Juzgados de Paz. A ese universo se suman aquellas entregadas voluntariamente por ciudadanos que deciden desprenderse de ellas para su posterior destrucción.
En los últimos ocho años, Entre Ríos envió un total de 13.880 armas para ser destruidas. El dato se incorpora a un escenario marcado por el crecimiento de las registraciones y por el debate entre quienes reclaman mayores controles y las autoridades encargadas de gestionar el acceso legal y la trazabilidad del armamento.
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