El abogado de la familia de Lucio Dupuy -el niño fallecido como consecuencia de los golpes y abuso sexual recibidos- apuntó contra el Estado por no haber protegido a Ángel. Sostuvo que el niño de Comodoro Rivadavia había expresado que no quería volver con su madre biológica.
El abogado de la familia de Lucio Dupuy cuestionó con dureza el accionar de la Justicia y del Estado tras la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años cuyo fallecimiento se investiga en Comodoro Rivadavia. Aseguró que el menor había manifestado que no quería regresar con su madre y que no se respetó su interés superior.
En declaraciones televisivas, Mario Aguerrido trazó un paralelismo con el crimen de Lucio ocurrido en 2021 en La Pampa, y advirtió que existieron señales previas que, de haberse abordado correctamente, podrían haber evitado el desenlace fatal.
“La familia está conmovida y este caso nos remite a lo que ocurrió con Lucio. Hay situaciones anteriores que, si se hubieran trabajado de manera seria, no estaríamos lamentando la muerte de este niño”, sostuvo a Seta TV y según reprodujo ADN Sur.
Cuestionamientos a la Justicia y al Estado
El abogado puso el foco en las decisiones judiciales que determinaron que el niño quedara bajo el cuidado de su madre. En ese sentido, reclamó que se investigue la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en el caso.
“A mí me interesa que se analicen las responsabilidades de quienes decidieron entregar el cuidado personal del niño”, expresó. Además, consideró que existe una falencia estructural en las políticas de protección de la niñez.
Según explicó, el sistema judicial muchas veces adopta medidas sin profundizar en el análisis de fondo y sin realizar un seguimiento posterior. “Hay un abandono de política en lo que tiene que ver con la minoridad”, afirmó.
“Nadie escuchó a este chiquito”
Aguerrido también remarcó la importancia de escuchar a los niños en procesos judiciales que los involucran. Aseguró haber visto imágenes en las que el menor manifestaba su rechazo a regresar con su madre.
“Evidentemente nadie escuchó a este chiquito. Van a decir que era muy chico, pero existe una ley de protección integral que establece el interés superior del niño”, indicó, en referencia a la Ley 26.061.
El letrado insistió en que, más allá de la edad, el menor podría haber expresado sus motivos si se lo abordaba en condiciones adecuadas. También señaló que debía existir un control institucional tras el cambio de tenencia.
Pedido de investigación y responsabilidades
En cuanto a las responsabilidades, Aguerrido fue categórico al señalar que el accionar judicial debe ser revisado. “Al primero que hay que investigar es al juez”, sostuvo, al tiempo que recordó que existen mecanismos como el jury de enjuiciamiento.
Asimismo, cuestionó la falta de seguimiento por parte del Estado. “Si se toma una decisión de este tipo, tiene que haber un acompañamiento con asistentes sociales”, explicó.
Finalmente, el abogado criticó la falta de políticas públicas efectivas en materia de niñez y advirtió que, pese a la existencia de normativas, no se cumplen en la práctica. “No hay ausencia de legislación, hay ausencia de cumplimiento”, concluyó.
