REDACCIÓN ELONCE
La reforma de la Ley General de Sociedades impulsada por el Gobierno nacional propone flexibilizar el funcionamiento de las empresas, reducir controles estatales, digitalizar procesos y crear un marco legal para sociedades administradas mediante inteligencia artificial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este viernes que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Sociedades, una normativa sancionada en 1972 durante la presidencia de facto de Alejandro Lanusse. La iniciativa apunta a reducir la intervención estatal en la actividad empresarial y avanzar hacia un esquema basado en mayores niveles de autonomía para el sector privado.
Según explicó el funcionario, el objetivo es reemplazar un modelo que considera excesivamente regulado por otro centrado en la libertad contractual y la capacidad de decisión de los socios. "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", resumió Sturzenegger al presentar los principales lineamientos de la propuesta.
A través de una publicación en redes sociales, el ministro sostuvo que el proyecto busca dejar atrás "un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación". A partir de esa definición, detalló una serie de cambios estructurales que impactarían directamente en la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales.
Más “libertad” para las empresas
Uno de los puntos centrales de la reforma consiste en flexibilizar el objeto social de las empresas. Actualmente, las compañías deben definir con precisión las actividades que desarrollarán, pero la nueva propuesta permitiría que una misma sociedad realice múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí.
Incluso, el proyecto establece que si el estatuto no especifica una actividad determinada, la empresa quedará habilitada para desarrollar "cualquier actividad lícita".
“Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, sostuvo Sturzenegger al defender la iniciativa.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de que las sociedades argentinas puedan resolver conflictos internos mediante legislación extranjera o mecanismos de arbitraje privado. Esto significa que determinadas disputas societarias podrían resolverse fuera del sistema judicial argentino si así lo establecen los socios.
Digitalización y nuevos modelos empresariales
La propuesta también incorpora una profunda modernización administrativa. Entre las novedades se encuentran la implementación de domicilios electrónicos, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y expedientes completamente electrónicos.
“Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, afirmó el ministro, al destacar la intención de simplificar trámites y reducir costos operativos para las empresas.
Sin embargo, uno de los capítulos más innovadores del proyecto está vinculado a las llamadas "Sociedades Automatizadas". Se trata de estructuras empresariales que podrían operar con una mínima intervención humana, utilizando inteligencia artificial, algoritmos y sistemas automatizados para realizar tareas administrativas, financieras o comerciales.
La iniciativa también contempla el reconocimiento legal de las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), una figura asociada al ecosistema blockchain y las criptomonedas. En estos casos, las reglas de funcionamiento quedan establecidas mediante código informático y las participaciones se administran a través de tokens digitales, sin necesidad de órganos tradicionales de conducción.
La apuesta por atraer inversiones tecnológicas
Según explicó Sturzenegger, tanto las sociedades automatizadas como las DAO contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada, dos elementos que el Gobierno considera fundamentales para atraer inversiones tecnológicas internacionales.
Para respaldar esta visión, el funcionario mencionó el caso de Irlanda, país que durante años impulsó un esquema normativo favorable para empresas tecnológicas y de propiedad intelectual. Como ejemplo, señaló que una subsidiaria irlandesa de Apple concentra regalías relacionadas con el software utilizado en los iPhone comercializados a nivel mundial.
“Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría”, aseguró.
La reforma también incorpora instrumentos de inversión convertibles, mandatos societarios por tiempo indeterminado y mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales dentro de grupos económicos. Entre otros cambios, permitirá que una empresa absorba directamente a una subsidiaria controlada en su totalidad sin necesidad de repetir procesos asamblearios.
“Burocracia cero para los grupos societarios”, sintetizó el funcionario. Finalmente, Sturzenegger definió la propuesta como una ampliación de la libertad económica aplicada al derecho societario. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, concluyó. “Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”.
