REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno demoró la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta prevista en la reforma laboral para financiar despidos. La medida está vinculada al frente fiscal y a definiciones pendientes de reglamentación.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) volvió a quedar en el centro del debate económico luego de que el Gobierno nacional resolviera postergar su entrada en vigencia. La herramienta, incluida en la Ley de Modernización Laboral para financiar indemnizaciones mediante un esquema alternativo, debía comenzar a aplicarse el 1 de junio, pero ahora se estima que recién estará operativa entre octubre y noviembre.
La decisión implicó un cambio respecto del cronograma original previsto por la normativa y generó expectativa entre empresas y actores del mercado, que observaban al FAL como un mecanismo para reducir los costos asociados a las desvinculaciones laborales. La propia ley habilitaba una prórroga de hasta seis meses, por lo que el nuevo calendario se mantiene dentro de los plazos legales.
Fuentes oficiales habían anticipado la semana pasada que la puesta en marcha sería diferida, aunque sin precisar fechas. Ahora, desde el Ministerio de Economía estiman que el sistema comenzará a funcionar durante el último trimestre del año, probablemente entre octubre y noviembre.
El impacto fiscal detrás de la postergación
La demora está directamente relacionada con la situación de las cuentas públicas. De acuerdo con los datos oficiales, la recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída en términos reales, producto tanto de la reducción de impuestos como de la desaceleración de la actividad económica.
En ese contexto, el equipo económico busca preservar el superávit fiscal, uno de los pilares centrales del programa impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La entrada en vigencia del FAL implicaría una disminución de ingresos para el Estado debido a los beneficios previstos para las empresas adheridas.
El esquema establece que las compañías deberán realizar aportes mensuales para conformar el fondo. Las pequeñas y medianas empresas aportarían el equivalente al 2,5% de su nómina salarial, mientras que las grandes firmas contribuirían con el 1%. A cambio, obtendrían una reducción equivalente en las contribuciones patronales.
Reglamentación pendiente y diálogo con el mercado
Otro de los factores que explican la postergación es la falta de definiciones reglamentarias. Según trascendió, representantes de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) mantuvieron reuniones con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque persisten dudas sobre aspectos operativos del sistema.
Entre los interrogantes pendientes figuran la forma en que se instrumentarán los aportes empresariales y el mecanismo de compensación mediante la reducción de cargas patronales. Participantes de esos encuentros señalaron que aún no existen precisiones suficientes para avanzar en la implementación.
Desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), en tanto, indicaron que la reglamentación definitiva depende de la publicación del decreto correspondiente por parte del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, continuaron los encuentros con representantes del mercado de capitales y cámaras empresariales.
FMI, ajuste fiscal y expectativas empresarias
La postergación también se produjo en medio de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo, el organismo destacó el compromiso del Gobierno para sostener el superávit fiscal mediante distintas medidas de ajuste y racionalización del gasto.
Entre esas acciones aparecen la reducción de subsidios energéticos, una mayor focalización de las transferencias sociales y mejoras en los subsidios al transporte. El documento también menciona la postergación de la reforma laboral como una de las herramientas destinadas a preservar el equilibrio de las cuentas públicas, publicó Infobae.
Pese a la demora, el FAL continúa siendo una iniciativa estratégica para el Ministerio de Economía. Luis Caputo considera que la herramienta no solo puede modificar el esquema de indemnizaciones, sino también contribuir al desarrollo del mercado de capitales local. Con ese objetivo, el Gobierno proyecta que el nuevo fondo comience a operar antes de fin de año, una vez superados los desafíos regulatorios y fiscales que hoy condicionan su implementación.
