Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) - Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.
La medida fue adoptada ante la situación de tensión generada en el puerto local, que había derivado en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.
Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026.
Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto.
Asimismo, la Secretaría convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación que se realizará el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, debiendo concurrir con representantes con poder de decisión suficiente.
Sobre el conflicto portuario de Concepción del Uruguay
La actividad en el Puerto de Concepción del Uruguay había quedado paralizada desde este domingo a raíz de un conflicto gremial entre los estibadores y la empresa Urcel Argentina S.A.. La medida fue dispuesta por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Concepción del Uruguay, que denunció la negativa de la firma a reconocer a las autoridades sindicales electas.
Según informaron desde el gremio, el sindicato local, conducido por Martín Soto, cuenta con inscripción gremial vigente y certificado de autoridades otorgado mediante la Resolución N° 812, Registro N° 2166. A pesar de ello, la empresa habría decidido desconocer a la conducción como representante legal de los trabajadores.
Las protestas incluyeron bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización completa de la operatividad. Los trabajadores denuncian prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en convenio y un intento sistemático de explotación que atenta contra el derecho al trabajo de los estibadores y sus familias, dependientes de la actividad portuaria.
El conflicto se profundizó luego de que el SUPA denunciara que Urcel Argentina desplazó a estibadores locales y contrató personal proveniente de Zárate, provincia de Buenos Aires, al que consideraron sin experiencia en la operatoria del puerto. Desde el gremio señalaron que esta práctica tiene como objetivo modificar las condiciones laborales y desconocer el convenio colectivo de trabajo.
