REDACCIÓN ELONCE
Organizaciones de la economía popular se movilizaron en Paraná para rechazar recortes en programas sociales y alertaron por el impacto en comedores comunitarios y sectores vulnerables.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizó este martes desde Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno en Paraná, en el marco de una jornada nacional de lucha impulsada por la entidad en conjunto con las organizaciones piqueteras, para rechazar la quita de programas sociales impulsada por la gestión de Javier Milei.
Desde las organizaciones señalaron que la eliminación del programa Volver al Trabajo y del Salario Social Complementario afecta directamente a trabajadores de la economía popular, como cocineras de comedores populares, recicladores, tarjeteros y vendedores ambulantes.
Indicaron que el ingreso, que ronda los 78.000 pesos, resulta fundamental para sostener actividades en los barrios. “Muchas personas dejarían de percibir este ingreso y no podrían continuar con sus tareas en los merenderos comunitarios”, expresó Tamara Berales de la UTEP.
"Hay trabajadores que quedaron sin salario y sin una política integral concreta por parte del Estado, tanto nacional como provincial, lo que dificulta pensar en un proyecto a futuro", señaló Berales. En ese sentido, advirtió que "la retirada del Estado en los barrios populares también favorece el avance de estructuras vinculadas al narcotráfico". Y concluyó: "Cuando el Estado no está presente ni invierte en políticas públicas, otros actores ocupan ese lugar y crecen problemáticas como la desocupación y la desigualdad”.
Impacto social y económico
Las agrupaciones denunciaron que el recorte se produce en un contexto de crisis económica, con pérdida de empleos y dificultades para cubrir necesidades básicas. Según indicó Camila Romero, del MST-Teresa Vive, "en Entre Ríos cerca de 20.000 personas podrían quedar sin este ingreso, lo que agravaría la situación social". También señaló que la reducción de fondos afectaría la economía local, al disminuir el dinero en circulación en los barrios.
"Es un golpazo brutal para los sectores más vulnerables que sostienen merenderos y comedores, y además porque se da en el marco de la crisis que se está viviendo en el país con despidos y cierres de fábricas, desde que asumió el gobierno de Milei", analizó Romero. "Hoy en día es totalmente insostenible vivir, básicamente, y llegar a las necesidades básicas", sentenció.
Durante la movilización, las referentes reclamaron la implementación de políticas que fomenten el trabajo genuino y fortalezcan la asistencia social. Plantearon la necesidad de una intervención estatal tanto a nivel nacional como provincial para contener la situación.
Continuidad del plan de lucha
"Hoy estamos acá dispuestos a seguir luchando porque esos 78.000 pesos ayudan muchísimo, incluso para cubrir gastos básicos como el gas o el alquiler", señaló Andrea Narváez, del Polo Obrero. En ese marco, advirtió que, en caso de eliminarse el ingreso, el Estado provincial debería implementar alternativas. "Si esto se cae, la Provincia tiene que generar algún programa que acompañe a los compañeros", expresó.
Además, destacó el rol que cumplen los trabajadores de la economía popular en los barrios: "Durante la pandemia y hasta hoy, muchos sostienen comedores y merenderos comunitarios. Si esos lugares cierran, se profundiza la indigencia y afecta directamente a los chicos".
Finalmente, remarcó que el monto permanece congelado desde hace dos años y que el trabajo realizado "no ha sido reconocido".
Desde las organizaciones sociales adelantaron que continuarán con las medidas de protesta en rechazo a los recortes.
