El presidente Javier Milei rechazó la norma que buscaba crear un fondo especial para las zonas afectadas. Según los argumentos que expuso en el decreto publicado en el Boletín Oficial, las medidas que impulsa la norma, ya fueron implementadas.
El presidente Javier Milei decidió vetar en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que había sido sancionado por el Congreso de la Nación el pasado 4 de junio de 2025, con el objetivo de declarar la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires. Esta medida se centraba especialmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que resultaron gravemente afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
La noticia fue oficializada esta madrugada con la publicación del Decreto 424/2025 en el Boletín Oficial, que devuelve la iniciativa al Congreso y anula la creación de un fondo especial de $200.000 millones para la asistencia y reconstrucción de las áreas devastadas.
La decisión, que fue respaldada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá un fuerte impacto en los miles de damnificados, que habían puesto sus esperanzas en que el proyecto de ley ayudara a aliviar la crisis. En particular, se esperaba que la nueva legislación permitiera la suspensión de obligaciones contractuales, la implementación de créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y el apoyo a los sectores productivos que quedaron desbordados por los efectos del desastre natural.
El veto se justifica en la existencia de medidas previas
El Poder Ejecutivo justificó la decisión de vetar el proyecto de ley argumentando que muchas de las medidas propuestas ya habían sido adoptadas previamente a través del Decreto 238/25, que fue dictado después del temporal que golpeó Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025.
Según el gobierno, este decreto ya había creado un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, así como un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, que ya había comenzado a ayudar a los residentes de las viviendas afectadas.
El Ejecutivo informó que, hasta la fecha, el 85,43% de los inscriptos para recibir el S.U.R. ya habían recibido el pago correspondiente, mientras que los casos aún en análisis representaban solo el 10,55% y los rechazos eran mínimos, solo el 4,01%. Estos datos refuerzan la postura oficial, que considera que ya se están tomando las medidas necesarias para asistir a los damnificados, lo que invalida, en su opinión, la necesidad de aprobar una nueva legislación.
La falta de previsión presupuestaria y la relación con el BID
Uno de los principales argumentos que sustentaron el veto es la falta de previsión presupuestaria en el proyecto de ley sancionado. El gobierno señaló que la normativa no especificaba claramente la fuente de financiamiento para hacer frente a los gastos derivados de la emergencia, una omisión que contraviene lo establecido en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que implique erogaciones precise su fuente de financiamiento.
Además, el Ejecutivo recordó que parte de los fondos que se están utilizando para la asistencia a las víctimas de las inundaciones provienen de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el préstamo BID AR-O0016, cuyo objetivo es financiar emergencias por desastres naturales. Este préstamo fue aprobado en marzo de 2025, lo que permite que se continúe con las operaciones de asistencia sin la necesidad de crear un nuevo fondo de emergencia.
La ley sancionada por el Congreso preveía la creación de líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación, así como la posibilidad de eximir de impuestos y tasas a los afectados, lo que representaba una ayuda económica importante para los damnificados.
Sin embargo, el decreto presidencial sostiene que el Banco Nación ya tiene facultades suficientes para otorgar asistencia financiera a las familias y empresas afectadas, por lo que no es necesario crear nuevas líneas de crédito. Con esta decisión, el gobierno ha cerrado el camino para que el Congreso continúe discutiendo la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia en lo que resta del año legislativo. (Con información de Boletín Oficial e Infobae)
