El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una causa sobre irregularidades con seguros estatales.
El juez federal Sebastián Casanello resolvió este jueves procesar al expresidente Alberto Fernández en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de seguros durante su mandato. La imputación principal es por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, relacionado con millonarias comisiones a intermediarios en operaciones gestionadas por Nación Seguros.
El expediente busca determinar si existió un esquema de beneficios indebidos mediante la contratación de seguros por parte de organismos estatales, que habrían favorecido a brokers seleccionados sin justificación técnica. Entre los imputados también figuran el empresario del rubro asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente, su pareja y exsecretaria presidencial María Cantero, y otros exfuncionarios de Nación Seguros.
Entre las pruebas clave incorporadas al expediente se destaca un extenso informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Dicho documento revela una relación comercial entre Fernández y Martínez Sosa que se habría mantenido activa entre 2010 y 2019, incluso días antes de que el primero asumiera la presidencia.
Facturación y vínculos antes de llegar a la Casa Rosada
Según el informe, Fernández emitió facturas por supuestos servicios profesionales, entre ellos informes de coyuntura política y económica, que habrían sido brindados mientras no ejercía funciones públicas. La última de estas facturas data del 4 de diciembre de 2019, apenas días antes de asumir la presidencia. La defensa del expresidente sostiene que se trataba de una actividad legítima y documentada.
Además de Fernández, fueron procesados sin prisión preventiva el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano, y exdirectivos como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria. Para todos ellos, la justicia busca determinar si formaban parte de una red de contrataciones direccionadas que violaban los deberes de la función pública.
La causa comenzó en el juzgado de Julián Ercolini, pero fue transferida a Sebastián Casanello en febrero de este año. Desde entonces, se ordenaron nuevas medidas probatorias y se profundizó la investigación sobre los pagos realizados y el eventual perjuicio al Estado.
Declaraciones y defensa del expresidente en Comodoro Py
La semana pasada, Fernández volvió a presentarse en Comodoro Py para ampliar su indagatoria. A diferencia de la primera ocasión, esta vez respondió preguntas del juez y del fiscal, y defendió el decreto presidencial 823/2021, apuntado como una de las claves del presunto direccionamiento de seguros. Según Fernández, el decreto tenía como objetivo reducir la participación de intermediarios y proteger al Estado.
Durante su exposición, el exmandatario sostuvo que la imputación en su contra “no es clara, precisa ni circunstanciada”, y negó haber participado en maniobras fraudulentas. Afirmó también que sus decisiones siempre buscaron el interés del Estado y pidió que la justicia actúe de forma “independiente y sin presiones externas”.
Con el procesamiento confirmado, el expresidente Alberto Fernández queda ahora más cerca de un eventual juicio oral, mientras la causa avanza en la etapa de evaluación de pruebas y responsabilidades individuales. El expediente será clave para definir si hubo uso indebido del aparato estatal para beneficiar a privados cercanos al poder. (Con información de Ámbito)
