REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con el abogado querellante, quien confirmó nuevas citaciones y sostuvo que hubo fallas en controles municipales previos al trágico siniestro.
La Justicia dispuso citar a prestar declaración a funcionarios de la Municipalidad de Victoria en el marco de la investigación por el trágico incendio en una rotisería ocurrido el último 30 de diciembre en el que murieron Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos niños.
La medida, dispuesta por el fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria, implica que el próximo 20 de abril comparezcan a declarar Pamela Padularrosa, secretaria del área de Producción, junto a Daniel Mansilla, como así también Juan Carlos Albornoz, pertenecientes al área de Seguridad e Higiene, y Leandro Guzmán, del área de Inspección, todos integrantes del gabinete de la intendenta de Victoria, Isa Castagnino.
Para el abogado querellante, Agustín Greco, estos testimonios resultan clave para determinar cómo funcionaban los mecanismos de inspección y habilitación.
Greco sostuvo que desde la querella se insiste en la posible responsabilidad del Estado municipal, al considerar que existían herramientas legales para actuar de oficio ante irregularidades, incluso sin denuncias previas. En ese sentido, indicó que una ordenanza vigente habilitaba al municipio a ejercer controles y clausuras.
Irregularidades y antecedentes
De acuerdo a lo señalado por la querella, la investigación permitió constatar que el lugar donde ocurrió el incendio no contaba con condiciones adecuadas de seguridad. Entre los puntos más graves, se mencionó “la convivencia de elementos de cocina con garrafas en un mismo espacio, lo que representaba un riesgo significativo”.
Además, se detectaron al menos cuatro incendios previos en el mismo lugar, lo que refuerza la hipótesis de negligencia y falta de controles. En la investigación penal están seriamente implicados Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado, Costa Rica Fast Food, pero también otras dos mujeres, Verónica Bernachea, y su hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea.
Según el letrado, también se investiga si existieron irregularidades en los controles municipales, incluyendo presuntas omisiones en inspecciones y posibles vínculos informales que habrían impedido el accionar de las autoridades.
Próximos pasos en la causa
La investigación continuará con la toma de testimonios a funcionarios municipales y el análisis de nuevas imputaciones. Desde la querella indicaron que la etapa actual busca completar el análisis de responsabilidades tanto del ámbito privado como del estatal.
Greco remarcó que, una vez finalizadas estas instancias, evaluarán junto al equipo legal los pasos a seguir en el proceso judicial. “Estamos decididos a avanzar hasta el final para que haya justicia”, expresó.
