REDACCIÓN ELONCE
Tras seis jornadas de debate reservadas, un jurado popular declaró responsables a dos efectivos por delitos contra la integridad sexual cometidos hace diez años. Los abogados querellantes detallaron cómo se construyó la acusación y qué se discutirá en la audiencia de cesura.
El juicio que tuvo en el banquillo a dos policías acusados de abuso sexual agravado concluyó con un veredicto de culpabilidad en Paraná y ahora se abre una nueva etapa clave: la definición de la pena y la demanda civil contra el Estado. El proceso, que se inició por hechos ocurridos en 2016, se desarrolló bajo la modalidad de jurado popular y a puertas cerradas, debido a que las víctimas eran adolescentes alojadas en un hogar estatal.
En este contexto, el jurado declaró culpable a Ezequiel Alejandro García como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario policial y a Samuel Enrique Morel como partícipe necesario.
Ambos continuarán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 hasta la audiencia de cesura prevista para el 20 de febrero a las 9, instancia en la que se debatirá la pena y la reparación económica.
“Fueron jornadas agotadoras”
Los abogados querellantes, Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld, dialogaron con Elonce tras conocerse el veredicto y pusieron el foco en la complejidad del proceso. “Fueron jornadas agotadoras. Fueron cinco días de debate con el jurado que finalmente emite un veredicto de culpabilidad para los dos, tanto para el autor como para el partícipe”, expresó Mulet.
El letrado explicó que, además de la pena, en la audiencia también se discutirá la demanda civil iniciada hace diez años contra el Estado. “Ahí se oraliza y se determina la demanda civil que se inició hace diez años contra el Estado por la responsabilidad que le cabe en función de que eran chicas institucionalizadas por el Copnaf y fueron abusadas por personal policial en servicio”, señaló.
Schonfeld remarcó la dificultad probatoria propia de este tipo de delitos y sostuvo que el jurado fue convencido por un conjunto de elementos indirectos. “Nunca hay prueba directa. Pero una de las cosas más relevantes fue la riqueza de detalles que brindó la víctima en sus primeras declaraciones y que coincidieron con todos los relatos posteriores y con el resto de los testigos”, afirmó.
También destacó que los informes psicológicos y médico-forenses fueron determinantes. “Daban cuenta de que el relato de la niña era absolutamente verosímil”, indicó.
Responsabilidad del Estado y pedido de pena
Los querellantes adelantaron que el pedido punitivo se formalizará en la audiencia de cesura. Según precisaron, la Fiscalía había solicitado más de trece años de prisión para el autor y una pena menor para el partícipe.
En paralelo, insistieron en la responsabilidad estatal por el accionar de los policías. “Entendemos que el Estado es responsable por el hecho del dependiente. Los policías, al ser funcionarios estatales, son dependientes de los organismos y le cabe responsabilidad al Estado por el accionar ilícito”, explicó Schonfeld.
Mulet agregó un dato contextual: “No solo eran policías, sino que estaban en servicio y había una orden de paradero. Estaban en pleno conocimiento de que esas niñas debían ser recuperadas y llevadas al hogar”.
El caso, que comenzó con siete imputados y atravesó cambios procesales durante la Investigación Penal Preparatoria, llegó finalmente a juicio contra dos acusados. El veredicto del jurado popular marcó la responsabilidad penal. Ahora, la audiencia del 20 de febrero definirá la magnitud de la condena y la eventual indemnización en un proceso que vuelve a poner bajo análisis la actuación de policías en funciones y el rol de control del Estado.
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