REDACCIÓN ELONCE
El juicio por narcotráfico en Paraná tendrá como principales acusados a Andrea Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria. La Fiscalía sostiene que compraban cocaína en Buenos Aires tras cambiar pesos por dólares en una “cueva” de Concordia. Habrá 24 testigos y se analizarán sus presuntos nexos.
El juicio por narcotráfico en Paraná comenzará el lunes 27 de julio y tendrá como principales acusados a Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria, señalados por la Fiscalía como presuntos responsables de una estructura dedicada a comprar cocaína en Buenos Aires y distribuirla posteriormente en la capital entrerriana y localidades de la región.
Junto con la pareja serán juzgadas Dana Zatti, hija de Vargas, y Tamara Blanco. La investigación reconstruyó no solamente el supuesto circuito de adquisición y distribución de los estupefacientes, sino también el movimiento financiero que habría permitido transformar importantes cantidades de pesos en dólares antes de concretar las compras.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y permitirá exponer los movimientos atribuidos al grupo, sus presuntos contactos con otros actores del narcotráfico regional y el circuito del dinero. Una de las claves será una “cueva” financiera que funcionaba en Concordia, donde, según la investigación, los acusados cambiaban moneda argentina por dólares.
Cómo habría funcionado la organización
La hipótesis que llegará al juicio sostiene que Rodríguez Sanabria y Vargas ocupaban un rol central dentro del esquema, según publicó Análisis. La pareja residía en San Benito, localidad que los investigadores identificaron como la presunta base desde la cual se organizaban los viajes para conseguir estupefacientes y su posterior distribución.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, los pesos obtenidos de la actividad eran llevados a Concordia para ser cambiados por dólares. Con la moneda estadounidense, integrantes de la organización viajaban posteriormente a la provincia de Buenos Aires, donde adquirían importantes cantidades de cocaína.
La droga era trasladada luego hacia Entre Ríos para su almacenamiento y distribución. La investigación buscará determinar durante el debate cuáles eran los vínculos entre los acusados y otras personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Paraná y sus alrededores.
La persecución que terminó con la detención de la pareja
El procedimiento que precipitó las detenciones ocurrió el 19 de diciembre de 2024, después de una investigación que se había extendido durante aproximadamente siete meses. La Policía tenía individualizada una camioneta Kia Sportage blanca y montó un operativo para interceptarla sobre la Ruta Provincial 11, cerca del ingreso al complejo termal de Victoria.
Según se informó entonces, los efectivos dieron la voz de alto a sus ocupantes, pero el vehículo continuó la marcha. Esto dio comienzo a una persecución que se extendió por las rutas provinciales 11 y 26 y luego por un camino vecinal, entre los departamentos Victoria y Nogoyá.
Durante la fuga fueron descartados dos bolsos. Finalmente, los policías lograron interceptar la camioneta y detener a Rodríguez Sanabria y Vargas. En aquel procedimiento se indicó además que la mujer se resistió a descender del vehículo y llegó a morder a una funcionaria policial.
Los 18 kilos de cocaína descartados en el camino
Una vez controlada la situación, los investigadores regresaron sobre el recorrido realizado durante la persecución para localizar los elementos que habían sido arrojados desde la camioneta. Dentro de los dos bolsos encontraron 18 paquetes rectangulares compactos y encintados.
Los análisis determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 18 kilos y 737 gramos. En la camioneta, además, se encontraron 300.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y chips correspondientes a diferentes compañías.
A partir de esos resultados, por disposición del Juzgado Federal N°1 de Paraná, se desplegaron ocho allanamientos en Paraná y otro en Concordia. Los procedimientos ampliaron considerablemente la cantidad de elementos incorporados a la investigación.
Dinero, drogas y vehículos secuestrados
Durante aquellos allanamientos fueron encontrados envoltorios con cocaína, importantes cantidades de dinero en moneda argentina y extranjera, un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, vehículos y documentación considerada relevante.
Los procedimientos permitieron incautar cerca de 60 millones de pesos, más de 61.000 dólares, euros, reales y pesos uruguayos. También fueron secuestrados un Peugeot 307, un Toyota Yaris y la Kia Sportage utilizada por la pareja durante la persecución.
En aquel momento fueron detenidos tres hombres y dos mujeres por presuntas infracciones a la Ley Nacional 23.737. El avance posterior de la investigación definió quiénes quedarían finalmente en condiciones de afrontar el juicio oral y quiénes continuarían bajo otra situación procesal.
El rol atribuido a las otras dos acusadas
Además de Rodríguez Sanabria y Vargas, llegará al banquillo Dana Zatti, hija de la mujer. Su detención ocurrió aproximadamente dos meses después del operativo de diciembre de 2024.
Zatti había viajado a México junto a su pareja y fue detenida al regresar al país en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La investigación deberá exponer durante el juicio qué participación concreta le atribuye la acusación dentro del funcionamiento de la presunta organización.
La cuarta imputada es Tamara Blanco, señalada como una de las personas que presuntamente vendía al menudeo los estupefacientes que eran provistos por Rodríguez Sanabria y Vargas. Su supuesto papel permitiría a la acusación reconstruir uno de los últimos eslabones del circuito de distribución.
Dos investigados que no llegan al juicio
La causa mantiene además a otras dos personas bajo investigación, aunque no serán juzgadas en este debate debido a que se encuentran con falta de mérito, una situación procesal que no implica ni procesamiento ni sobreseimiento.
Uno de ellos es Agustín Cáceres, conocido como “el Gordo Agustín” y pareja de Tamara Blanco. Su nombre apareció en la investigación por sus presuntas vinculaciones con el ambiente investigado, aunque las evidencias reunidas hasta el momento no habrían resultado suficientes para llevarlo a juicio junto con los otros cuatro acusados.
El segundo es Tomás Agustín Jacobi, vinculado con el lugar de Concordia donde, de acuerdo con la investigación, se realizaban operaciones de cambio de pesos por dólares. Ese punto constituye uno de los aspectos financieros que serán relevantes para comprender la operatoria atribuida al grupo.
La “cueva” financiera investigada en Concordia
Según la causa, la actividad de cambio de moneda se realizaba en un domicilio ubicado en la zona de calles Niez y Colón, en Concordia. Durante el allanamiento de diciembre de 2024 fueron incautados allí 61.600 dólares, más de 55 millones de pesos, además de euros, guaraníes y reales.
La hipótesis investigativa sostiene que integrantes de la presunta organización narcocriminal concurrían a ese lugar para convertir pesos argentinos en dólares y utilizar posteriormente las divisas para adquirir cocaína en Buenos Aires. Jacobi sostuvo que desconocía el origen del dinero y que se limitaba a realizar las operaciones de cambio solicitadas por quienes concurrían al domicilio.
El joven, de 27 años, también quedó mencionado en otra investigación judicial de características diferentes: la causa por el presunto desvío de fondos públicos destinados a comedores de Concordia, que tiene entre sus principales acusadas a la exdirectora departamental de Comedores Silvina Murúa.
El vínculo con otra investigación judicial
En esa causa se investigó si Murúa habría concurrido al mismo lugar para cambiar pesos por dólares. Se trata de un expediente independiente del proceso por narcotráfico, por lo que las eventuales responsabilidades deberán determinarse en cada investigación por separado.
Frente a ambas investigaciones, Jacobi sostuvo que desconocía la procedencia del dinero de quienes acudían a realizar operaciones. En la causa por narcotráfico permanece con falta de mérito y, por lo tanto, no formará parte del juicio que comenzará en el Tribunal Oral Federal.
El funcionamiento de ese circuito financiero, no obstante, será uno de los elementos que permitirán reconstruir durante las audiencias cómo se habría financiado la adquisición de cocaína que luego era trasladada hacia Entre Ríos.
Antecedentes y presuntos vínculos bajo análisis
Rodríguez Sanabria, de nacionalidad paraguaya, residía en San Benito junto a Vargas cuando comenzó la investigación. En el expediente también fueron analizados antecedentes y menciones de ambos en otras causas, aunque tales referencias no equivalen por sí mismas a condenas ni acreditan responsabilidad en aquellos hechos.
En el caso de Vargas, durante la investigación se mencionó un presunto vínculo sentimental anterior con otro ciudadano paraguayo que había quedado bajo sospecha de haber sido piloto de la avioneta vinculada con la causa de los hermanos Daniel y Miguel Celis.
Ese episodio ocurrió en 2016, cuando una aeronave aterrizó en Colonia Avellaneda con 317 kilos de marihuana. Las eventuales conexiones que resulten relevantes para el proceso actual deberán ser acreditadas durante el juicio y valoradas por los magistrados.
Cinco jornadas y 24 testigos
El Tribunal estará presidido por Jorge Sebastián Gallino, acompañado por las vocales Noemí Berros y Mariela Rojas. Las audiencias fueron previstas para los días 27, 28 y 29 de julio y continuarán el 3 y 4 de agosto.
Durante esas jornadas está prevista la declaración de 24 testigos, cuyos testimonios serán utilizados para reconstruir el funcionamiento atribuido a la organización, los procedimientos policiales y los movimientos investigados.
La acusación estará a cargo de los fiscales José Ignacio Candioti y Juan Podhainy. Augusto Lafferriere ejercerá la defensa de Rodríguez Sanabria y Vargas, mientras Claudio Berón representará a Blanco y Zatti, publicó Análisis. El debate deberá establecer si la prueba reunida permite acreditar las responsabilidades atribuidas a cada uno de los cuatro acusados en la presunta estructura de provisión y distribución de cocaína que operaba en Paraná y la región.
