REDACCIÓN ELONCE
Este miércoles se desarrollan los alegatos de clausura en el juicio por jurados que investiga la muerte de Gabriel Gusmán. Elonce dialogó con el querellante, José Iparraguirre, quien sostuvo su acusación "por gatillo fácil". Se esperaba la declaración de los imputados.
El juicio por jurados que busca establecer la responsabilidad penal de los policías Diego Sebastián Íbalo y Oscar Ricardo Molina por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, entra este miércoles en su tramo decisivo. Tras seis jornadas de debate, las partes expondrán sus alegatos de clausura antes de que el jurado popular pase a deliberar.
La querella sostiene la acusación por "gatillo fácil"
Al respecto, el abogado querellante José Iparraguirre sostuvo que el desarrollo del juicio por jurados reforzó la teoría acusatoria: “Entendemos que estamos frente a un caso de gatillo fácil, que Gabriel fue asesinado innecesariamente porque los policías podían haber actuado de otra forma, incluso disparando a zonas no vitales para no causarle la muerte”, afirmó a Elonce.
Según Iparraguirre, las pruebas incorporadas al debate respaldan esa interpretación y no modificaron la postura de la querella. “La prueba confirma nuestra teoría.
La defensa obviamente alegará lo contrario, pero lo que se vio en estas jornadas es contundente para nuestra parte”, señaló.
El peso de la declaración de los imputados
El abogado también consideró relevante que Íbalo y Molina decidan declarar en esta instancia: “Para mí siempre es importante que los imputados declaren. Incluso sabiendo que tienen derecho a mentir, su testimonio aporta a la credibilidad frente a un jurado popular, sobre todo en un hecho tan grave como un homicidio”, explicó.
Se esperaba que la defensa de los acusados conduzca directamente el interrogatorio, tal como establece el procedimiento.
Fuentes judiciales comunicaron que la transmisión de los alegatos de cierre en el juicio por jurados comenzará a través del canal de YouTube del Poder Judicial, luego de finalizada la declaración de los imputados.
Sobre el caso Gabriel Gusmán
Gabriel Gusmán, de 24 años, murió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en la zona sudeste de Paraná. Aquella tarde, un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta pelea o intercambio de disparos entre grupos del barrio. El patrullero -en el que se encontraban los dos efectivos de la Policía que ahora son juzgados- intervino en la escena.
Durante ese operativo, Gusmán recibió un disparo de arma de fuego que ingresó por la nuca y murió en el lugar. La versión policial sostuvo desde un primer momento que los agentes actuaron en legítima defensa, al sentirse amenazados durante el procedimiento. En cambio, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza, afirmaron que el joven no estaba armado y sostuvieron la hipótesis de una ejecución como “gatillo fácil”.
La investigación atravesó idas y vueltas durante los años posteriores. En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa, argumentando falta de pruebas para avanzar contra los efectivos involucrados. Ante esa decisión, la familia de Gusmán, junto con organismos de derechos humanos, impulsó acciones para evitar el cierre del expediente y reclamó la imputación de los policías.
La insistencia logró su objetivo: la causa fue reabierta y se ordenaron nuevas medidas de prueba. Finalmente, en 2024, la Justicia resolvió que el caso fuera elevado a juicio por jurados, con los dos policías sentados en el banquillo acusados. El jurado popular deberá determinar si se trató de un actuar legítimo en cumplimiento del deber o de un homicidio cometido por agentes del Estado.
