Este martes comenzó el juicio por jurados contra los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, acusados por la muerte de Gabriel Gusmán ocurrida en 2018 en barrio Capibá. La querella sostiene que fue un caso de gatillo fácil, mientras la defensa alega un accionar legítimo.
Comenzó este martes en Paraná el juicio por jurados por el caso Gabriel Gusmán, el joven que murió el 25 de septiembre de 2018 en medio de un tiroteo en el barrio Capibá. Los acusados son los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo, de la Policía de Entre Ríos, quienes llegan a juicio imputados por homicidio.
La instancia es impulsada por una querella autónoma, ya que el Ministerio Público Fiscal desistió de continuar con la acusación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener una imputación penal. La defensa sostiene que los agentes actuaron conforme al reglamento policial.
El inicio del juicio
El proceso se lleva adelante luego de la audiencia de voire dire, realizada este lunes, donde se seleccionaron los jurados titulares y suplentes que deberán emitir el veredicto. La causa acumuló siete años de investigación, con decisiones judiciales que marcaron un derrotero complejo.
En su momento, Fiscalía resolvió el archivo provisorio de la causa tras determinar que no había “elementos que probasen un accionar por fuera de la ley” de los agentes. La investigación inicial había establecido que Gusmán recibió un disparo en la nuca desde unos 90 metros de distancia.
Las acusaciones
Según la querella encabezada por el abogado José Iparraguirre, con la colaboración de Lucía Tejera (actualmente en el Ministerio Público de la Defensa), se acusa a Rodrigo Molina de haber efectuado el disparo mortal.
El planteo sostiene que el 25 de septiembre de 2018, alrededor de las 12:15, “Molina e Íbalo acudieron a un llamado al 911 por un altercado en el barrio Capibá, iniciaron una persecución y, durante la misma, Íbalo efectuó disparos, mientras que Molina impactó con su arma reglamentaria en la cabeza de Gusmán, que huía pero había detenido su carrera y levantado las manos en señal de rendición”.
El disparo, según la pericia incorporada al expediente, ingresó por la región parieto-occipital izquierda, con trayectoria de atrás hacia adelante y levemente de arriba hacia abajo, provocando la muerte instantánea del joven.
A Diego Sebastián Íbalo se le imputa no haber impedido el accionar de su compañero al descender del móvil y adoptar la posición de disparo. Ambos policías son asistidos por los abogados Daniel Rosatelli y Miguel Cullen, reemplazado en la última audiencia por Patricio Cozzi.
La versión de la defensa
Los defensores de los acusados sostienen que los funcionarios actuaron en un contexto de legítimo cumplimiento del deber, durante un tiroteo entre bandas rivales que derivó en la intervención policial. Argumentan que Gusmán portaba un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson, cargado con seis cartuchos, tres de ellos disparados.
En este sentido, plantean que el uso de las armas de fuego por parte de los policías fue una respuesta proporcional a un hecho de violencia en curso y no un acto deliberado de agresión.
Una causa con siete años de recorrido
El caso atravesó distintos momentos judiciales. En 2020, el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo provisorio del expediente, medida que fue ratificada posteriormente. Sin embargo, la querella insistió en que existían indicios suficientes para avanzar hacia un juicio.
El 15 de noviembre de 2024, la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, decretó la apertura de la causa y ordenó su elevación a juicio mediante el sistema de Juicio por Jurados, previsto por el Código Procesal Penal de Entre Ríos. (fuente APF)
